Hoy, ocho de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Desde el Sindicato de Secretarios Judiciales queremos recordar, no sin lamentarlo, la vigencia y la necesidad de esta efeméride. En un momento en que, bajo el manto exculpatorio de la crisis se suprimen derechos y garantías de los trabajadores, uno de los colectivos más afectados son, inevitablemente, las mujeres. Desgraciadamente, en nuestro país la conciliación de la vida profesional, personal y familiar aún dista mucho de ser una realidad, y las primeras víctimas de una organización social reacia a considerar igual a los trabajadores con independencia de su sexo o a garantizar la asistencia necesaria a ancianos, enfermos y menores son las ciudadanas.
Aunque obviamente sean las mujeres de los sectores económicamente más débiles quienes más padecen esta realidad, no son las únicas. Reflexionemos sobre las exigencias que se plantea a las mujeres con profesiones jurídicas para optar a puestos de responsabilidad. Analicemos cuántas Secretarias Judiciales (aunque también corresponda a Secretarios) cuentan con reducciones de jornada para cuidado de hijos o familiares dependientes, y como se garantiza este derecho en caso de guardias, actuaciones fuera de la sede judicial o señalamientos que exceden del horario de audiencia, por mucho que la salida de sala nos permita la comunicación con el exterior. Pensemos si ser interina es un problema añadido al ejercicio de estos derechos.
Ayer el Ministro de Justicia se refirió a la “violencia estructural” que se dirige sobre las mujeres embarazadas para presionarlas a abortar, así como a que “la maternidad es el derecho por excelencia de la mujer”. No lo compartimos ni consideramos necesaria la modificación de la Ley del Aborto, y menos por justificaciones como las expuestas. Las mujeres no son, per se y sin más, madres, sino personas en toda su dimensión, igual que los padres son, ante todo y en primer lugar, hombres. Vincular, además, violencia de género a coacciones para abortar es injustificable tanto desde el punto de vista de la realidad de la mujer como del de la cruda realidad de la violencia de género.
Afirmaciones como éstas, preocupantes en el mejor de los casos, demuestran que las reivindicaciones de género, incluidas en el conjunto de actuaciones tendentes a favorecer la mayor igualdad posible entre sectores injustificadamente diferenciados, son más necesarias que nunca.
