El 21 de mayo de 2012 se ha hecho público el archivo de la denuncia por malversación de fondos públicos presentada el pasado 7 de mayo contra el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar. El Decreto de archivo se fundamenta, según la nota que ha emitido el Gabinete de Prensa de la Fiscalía General del Estado, en que desde 1996 no es necesario que conste el motivo concreto que provoca el desplazamiento para justificar los viajes, en la falta de intención de lucrarse o de aprovecharse en su beneficio personal y en que la Intervención no ha realizado oposición alguna respecto de tales viajes.
Sin perjuicio de que la actuación del Presidente del Consejo General del Poder Judicial pueda no ser un delito, y más allá de la lamentable imagen que proyecta, desde el Sindicato de Secretarios Judiciales consideramos éticamente reprobable esta actitud y creemos necesaria una profunda reflexión sobre el órgano de gobierno de Jueces y Magistrados como cúspide de uno de los tres poderes del Estado.
La actuación de un Consejo General que rechaza planes para moderar gastos y se excluye del control económico por la vía de declarar todo lo que hace como «actividad oficial», un Consejo General que continuamente genera la duda sobre si actúa en el legítimo ejercicio de sus competencias o las sobrepasa, o que decide que las sanciones que ellos mismos imponen a su personal sean secretas salvo que el propio órgano decida lo contrario no es compatible con la soberanía popular que, en éste como en los demás poderes, declara la Constitución. Y ello se agrava cuando para gobernar el Poder Judicial hacen falta más Vocales que Ministros para gobernar el país, y cuando su recorte presupuestario no es comparable con el de los Ministerios que afectan la vida cotidiana de toda la ciudadanía.
La ciudadanía debe sentirse partícipe de todos y cada uno de los poderes del Estado, partícipe en su soberanía y partícipe en su control sobre los mismos. En un Estado democrático ninguno de los tres poderes debe estar exento o más libre de control ciudadano que los otros dos. Por ello es necesario establecer mecanismos adicionales de participación ciudadana, tanto directa como a través del Parlamento, en el necesario control democrático del Consejo General del Poder Judicial. Así, opciones como la de permitir que sean sólo los miembros del Poder Judicial los que decidan quiénes sean los vocales del Consejo, lejos de profundizar en dicho control democrático y en la transparencia que debería regir su actuación sustraería definitivamente este Poder del control ciudadano por la vía de presentar una presunta despolitización del órgano como garante de un funcionamiento técnico que ni es realista ni permitiría colmar las necesidades de la ciudadanía respecto del Poder Judicial.
Ante la gravedad de los hechos, por más que se haya archivado la denuncia, y como muestra de respeto a la ciudadanía, desde el SISEJ consideramos que el Presidente del CGPJ debería dimitir sin esperar al pleno del próximo jueves.
