Desde el SISEJ venimos apostando desde hace años, con firmeza, por una verdadera transformación de la administración de justicia mediante una modernización de sus estructuras, siendo el objeto fundamental prestar a la ciudadanía el servicio público que merece.
Ese cambio, reclamado desde todos los sectores que intervienen en justicia, pasa no sólo por una mejor dotación de medios tecnológicos, sino por racionalizar los recursos personales y materiales, desterrando los criterios personales y subjetivos en nuestra administración siendo sustituidos por la homogeneidad, la objetividad y la seguridad jurídica, algo que funciona desde hace décadas en todas las administraciones pero que, incomprensiblemente, en justicia sigue siendo intocable.
La Nueva Oficina Judicial, que transformó al secretario judicial de un anacrónico fedatario en la era de las nuevas tecnologías, en un director procesal cuyo papel mejora la calidad de servicio que se presta en justicia, era y es el camino emprendido, con el consenso de todos los grupos parlamentarios en la legislatura anterior, para situar a la Administración de Justicia en la modernidad estructural y tecnológica, superando el déficit democrático endémico que arrastraba.
Sin embargo, desde la toma de posesión del Ministro Ruiz-Gallardón la respuesta a los problemas de la justicia ha sido la absoluta paralización de su modernización.
En la misma línea encontramos la privatización del Registro Civil y del matrimonio civil.
La razón que esgrimió el Ministro de Justicia fue la misma que utiliza el Gobierno para justificar recortes y privatizaciones en otros ámbitos: que los ciudadanos (y también los profesionales) abusan de la justicia, algo que como servidores públicos a cargo de la dirección procesal consideramos una muestra de ignorancia propia de quien desconoce la realidad diaria de las oficinas judiciales.
Sin embargo de forma expresa, queremos desvincularnos de toda reivindicación corporativa de cualquier tipo que pueda realizarse utilizándola como pretexto.
Consideramos que el ataque al servicio público de la justicia merece una respuesta específica, nítida y conjunta de toda la ciudadanía.
