El viernes pasado, el Ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, anunció la presentación del anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuciamiento Civil, mediante el que, entre otras novedades, se prevé la atribución de competencias en materia de ejecución hasta ahora desarrolladas por funcionarios públicos, a un sector de profesionales liberales, en este caso a los Procuradores.
Asimismo el anteproyecto contiene en cuanto a los procesos monitorios, una discreta adaptación a la normativa europea en materia de cláusulas abusivas, facultando al Secretario Judicial para suspender el procedimiento cuando aprecie la existencia de tales cláusulas.
En junio de 2012 el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) ya advertía mediante una nota pública de la intención del actual Ministerio de Justicia de introducir elementos privatizadores en el servicio público, lo que se ha venido confirmando con los anuncios de atribución de competencias a Registradores de la Propiedad, Notarios y ahora los Procuradores, cuya intervención en el procedimiento será facultativa para los usuarios.
En definitiva, con esta reforma se consolidará una Justicia a dos velocidades: una, la «de pago», que será la que se encargarán de gestionar aquéllos a través de su participación en las diligencias para las que ahora quedan habilitados; la otra velocidad será la de quienes carezcan de recursos para pagar al Procurador, que tendrán que esperar «su turno» en servicios comunes que previsiblemente verán reducidos efectivos con esta reforma. Para el SISEJ, estaríamos ante otro escenario de privatización de lo público y, desde luego, el abandono definitivo del proyecto de consolidación de los servicios comunes, dentro de la nueva Oficina Judicial.
