En la tarde del domingo 19 de mayo tuvimos conocimiento de que el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, había convocado únicamente y con urgencia a la organización Colegio Nacional de Secretarios Judiciales para una reunión privada aunque oficial en Madrid, a celebrar el día siguiente, lunes 20 de mayo. Hoy se ha sabido que la misma organización ha publicado, escaneada, una nota firmada por el propio Ministro, de fecha 26 de febrero, en la que anuncia al presidente de COSEJU que le convocaría a una reunión para entregarle los borradores de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Código Procesal Penal.
Sin duda, la constitución y actividad de la Plataforma Conjunta ha generado un intenso nerviosismo en el actual Ministerio de Justicia y su entorno, que se ha apresurado a cerrar filas en torno a una reunión de naturaleza propagandística de cara a un colectivo, el de Secretarios Judiciales, que no puede seguir creyendo en falsas expectativas en el marco de una administración de justicia que Alberto Ruiz-Gallardón ha puesto en liquidación.
Nuestro colectivo debe ser consciente de la grave amenaza que se cierne sobre los Secretarios Judiciales y la administración de justicia: además de la oleada de privatizaciones, el borrador de Ley Orgánica del Poder Judicial es un texto profundamente retrógrado, que pone fin al modelo de oficina judicial y que relega a la figura del Secretario Judicial a funciones auxiliares, retomando figuras que estaban olvidadas, como las habilitaciones generales al cuerpo de gestión. Dicho borrador sigue sin ser reconocido por el Ministerio de Justicia como propio, pese a que fue elaborado bajo sus claras directrices y presentado ante el Congreso de los Diputados por el propio Ministro. Es más, el Ministro de Justicia ha agradecido públicamente la labor de Antonio Dorado, vocal del CGPJ y anterior presidente de la organización COSEJU, como partícipe de la denominada comisión de expertos y uno de los principales responsables de dicho texto claramente nocivo para el cuerpo de secretarios judiciales y la administración de justicia.
Son los compañeros que dirigen el Colegio Nacional y sus afiliados quienes deben ahora optar por situarse a favor de los derechos de nuestro colectivo y plantarse ante una situación que nos afecta a todos, en lugar de conformarse con el papel de triste herramienta de propaganda del Ministro Gallardón, algo que no se explica más que por una ciega y servil afinidad a este Gobierno, dado el deterioro laboral y el trato humillante a que estamos siendo sometidos los Secretarios Judiciales en esta nefasta legislatura.
Además queremos señalar el gravísimo trato discriminatorio del Ministro Gallardón con las organizaciones de secretarios judiciales UPSJ y SISEJ, agrupando de inicio entre ambas más de 800 secretarios judiciales, cifra que se incrementará en el marco de la Plataforma Conjunta de Secretarios Judiciales, con la clara vocación de agrupar a la mayoría del colectivo.
El Ministro Gallardón menosprecia, en favor de su organización afín, a los secretarios y secretarias judiciales agrupados en torno a organizaciones o plataformas que, democráticamente, discrepan con sus postulados. Algo que no ha realizado con otros colectivos.
Solamente la apuesta decidida por abolir la oficina judicial, y con ella las competencias de los secretarios judiciales pueden explicar este trato sectario del Ministerio de Justicia, contando con una complicidad injustificable por parte de la organización COSEJU.
En definitiva, valoramos esta nueva reunión del Ministro con su organización afín como un nuevo montaje publicitario, en el que se tratará de vender la concesión de una nueva promesa de limosna como un gran «logro» corporativo, con la finalidad de acallar toda protesta y acción conjunta.
