La situación de la administración de justicia en esta legislatura ha alcanzado un deterioro sin precedentes en nuestra historia reciente. La reforma de la justicia, asignatura pendiente de la democracia, consensuada en el pacto de estado por la justicia, y comenzada a desarrollar en reformas legislativas como la Ley 13/2009 para la implantación de la oficina judicial, ha sido paralizada, y el Gobierno ha comenzado a dar marcha atrás con una clara política de recortes a los servidores públicos, privatizaciones en el servicio, imposición de tasas judiciales, e impulso de reformas legislativas de marcado carácter restrictivo en derechos ciudadanos. Este Gobierno ha colocado la justicia en situación terminal y el SISEJ cree que es necesaria la adopción de medidas urgentes para su rescate.
En este contexto, desde nuestra perspectiva como Sindicato de Secretarios Judiciales, el Ministerio de Justicia ha optado por relegar a un papel residual al Cuerpo de Secretarios Judiciales, que estaba llamado desde entonces a convertirse en la piedra angular del servicio público de la administración de justicia.
El Ministro de Justicia designó a comienzos de 2012 una comisión de expertos para la elaboración de un borrador de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyos trabajos, realizados de modo opaco durante todo un año, han sido presentados, difundidos y justificados por el propio Ministro de Justicia. Se ha tratado de exponer como un texto abierto al debate público, pero lo cierto es que su contenido supone un retroceso en las reformas ya iniciadas, además de un texto profundamente ideológico, que no responde a la percepción plural de la sociedad española, ni al espíritu de consenso que necesita la reforma de la justicia. En este texto el Secretario Judicial, pese a integrar un Cuerpo superior jurídico dotado de una formación y pruebas selectivas de nivel similar a las de la carrera judicial y fiscal, pasa a la antesala de la desaparición, y se le relega a un papel puramente auxiliar, sin competencias autónomas, sin un estatuto profesional propio, y sin derecho a participar en la determinación de sus propias condiciones laborales, además de eliminar la figura del Secretario Judicial sustituto o interino, lo que supondrá el despido de cerca de un 20% de toda la plantilla actual.
A ello hemos de añadir la falta de diálogo: el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, es el único de la democracia que no ha recibido a las organizaciones de Secretarios Judiciales, algo que sí ha hecho con todos los demás colectivos del sector justicia, y el Ministerio de Justicia, en las escasas reuniones informativas a que nos ha convocado desde que comenzó la legislatura, ha demostrado una alarmante falta de capacidad y de información para tomar decisiones que afectan a sus propias competencias.
El Sindicato de Secretarios Judiciales tiene como objeto constitutivo la defensa sindical de los derechos de nuestros afiliados y afiliadas, así como la promoción de los derechos laborales de los Secretarios Judiciales, actividad que desarrollamos desde la consideración de la justicia como un servicio público, y con un fuerte compromiso social. Por eso no podemos ni queremos permanecer al margen, ni centrarnos sólo en una perspectiva corporativa. Así, el SISEJ ha decidido adoptar las siguientes iniciativas:
1- Como movilización sectorial, convocamos a todos los Secretarios Judiciales a la participación en una concentración el día de apertura del año judicial, en protesta por el deterioro nuestras condiciones laborales y profesionales, convocatoria que también han realizado los compañeros de UPSJ. Pedimos al Ministerio de Justicia que no presente a tramitación como proyecto de ley el borrador de Ley Orgánica del Poder Judicial, nocivo para nuestros derechos y para el servicio, por los motivos antes expuestos. Una convocatoria por nuestros derechos que trataremos de hacer socialmente visible, y que completaremos con las medidas sindicales de conflicto que sean necesarias.
2- Anunciamos la plena disposición del SISEJ a participar en una gran movilización de todo el sector justicia frente a la política actual de recortes, privatizaciones, tasas judiciales, retroceso de derechos e involución legislativa que está siendo impulsada por este Gobierno.
Para el SISEJ, los Secretarios Judiciales no podemos vivir ajenos a lo que está ocurriendo en nuestro sector, con movilizaciones constantes en los diferentes colectivos y plataformas que agrupan a trabajadores públicos de la justicia, en un escenario de destrucción del Estado Social y Democrático de Derecho en el que el principal perjuicio será para la ciudadanía.
El desmantelamiento al que se está sometiendo a la Justicia la convierte en un barco a la deriva abocado al hundimiento bajo la pesada losa de las privatizaciones, las tasas, el abandono de su modernización, y una legislación penal, laboral o civil contraria a los derechos y libertades de la ciudadanía. Un hundimiento que precisa de rescate estructural e inmediato. Por ello el SISEJ propondrá al debate público en los próximos días medidas para el rescate de la justicia.
