El pasado mes de octubre el Sindicato de Secretarios Judiciales organizó las jornadas «mitos y realidades de la administración de justicia», junto a la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y el Instituto Alonso Martínez de jurisprudencia y litigación de la Universidad Carlos III de Madrid, de la que ofrecemos un documento resumen elaborado por el SISEJ a partir de las distintas ponencias.
Se trata de un documento conciso y de fácil lectura, con datos contrastados al alcance de todos, y cuya consulta consideramos imprescindible para obtener una visión objetiva sobre la situación real de la administración de justicia, por encima de intereses partidistas o corporativos.
Del análisis de los datos expuestos desde el SISEJ concluimos que es necesario superar los lugares comunes que año tras año, gobierno tras gobierno, durante décadas golpean los oídos de la ciudadanía y los operadores jurídicos en forma de eslóganes (aumento de medios para una justicia colapsada) que no van más allá de una simple solución cuantitativa.
La experiencia ha demostrado el déficit de idoneidad de las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, elaborada conforme a boletines anticuados y defectuosos, para fundamentar con seriedad ninguna medida modernizadora.
Creemos que los poderes públicos deben dejar de considerar el tratamiento de las estadísticas de la justicia como si fuera un asunto simplemente corporativo, cuya única misión sea determinar la carga de trabajo o la productividad de determinados colectivos profesionales, comenzando para ello con la activación de una herramienta como la Comisión Nacional de Estadística Judicial que permanece incomprensiblemente paralizada.
De una adecuada obtención y gestión de datos estadísticos objetivos depende que pueda elaborarse un diagnóstico correcto de los males que afectan a la Administración de Justicia ,y, en consecuencia, que puedan elaborarse las políticas públicas adecuadas para ponerles remedio de manera definitiva, y priorizando el servicio público y la calidad en la respuesta de la Administración de Justicia ante las necesidades sociales.
Finalmente, consideramos que los poderes públicos y las diferentes fuerzas políticas y parlamentarias deben esforzarse en alcanzar los acuerdos y consensos necesarios para pactar una modernización de la justicia desde la planificación estratégica y la inversión responsable.
Todos los colectivos del sector justicia sabemos que, asombrosamente, en 2014 la administración de justicia sigue sin funcionar ni organizarse como una administración normal, conforme a principios de eficiencia, especialización y homogeneidad.
Con el actual modelo organizativo vaticinamos que la mayor parte del gasto público en justicia será en vano, caducará a los pocos meses de aprobarse y quedará rápidamente diluido en la conocida ineficacia de los juzgados.
En la situación actual, para el SISEJ las propuestas de revisión de la estadística y de planificación consensuada de la modernización podrían enmarcarse en el contexto una verdadera «auditoría» para que los ciudadanos y servidores públicos conozcan el estado real a todos los niveles de una justicia que sigue sin completar su modernización, lastrada por una pesada herencia corporativista que, situándose por encima y al margen del bien común, ha logrado sobrevivir y contaminar a gobiernos y legislativos de todos los signos.
