Los últimos días han salido a la luz en el ámbito de la justicia noticias que han generado preocupación y rechazo social por dos cuestiones distintas: la apariencia de falta de independencia de jueces y fiscales y la apariencia de que la justicia no es igual para todos. Nos referimos a las sentencias de los casos Noos y Gürtel, la condena de un rapero por canciones contra la casa real, y los ceses y noticias sobre presiones a miembros del Ministerio Fiscal.
Estamos convencidos de que, al menos con carácter general, Jueces y Magistrados actúan con independencia en el ejercicio de sus cargos. Pero es inadmisible que los nombramientos de los vocales del Consejo, como de los más altos cargos de la judicatura, parezcan responder en demasiadas ocasiones a criterios partidistas (que no políticos), y que tanto el grupo parlamentario mayoritario como el Gobierno no disimulen su interés por situar a personas de su entorno en tales puestos.
Cuestión distinta de la independencia de Jueces y Magistrados es la de su imparcialidad. El diferente grado de severidad de sentencias dictadas en casos mediáticos, y la relación entre las resoluciones de casos análogos denota que quienes las dictan son independientes, pero pone en cuestión su imparcialidad y aumentan la convicción de que la Justicia no es igualitaria. En particular, y desde el respeto por todas las decisiones judiciales, llaman a la reflexión las dictadas en casos en que se determina la línea que separa un derecho fundamental como es la libertad de expresión, de un delito, y la severidad con la que muchas veces se juzgan manifestaciones de carácter marcadamente político.
En cuanto al Ministerio Fiscal, la convicción de que la dirección de dicho órgano obedece a motivos espurios que nada tienen que ver con la defensa de la legalidad, los intereses de los ciudadanos y el interés público es igualmente preocupante. Dicha convicción no es gratuita, sino provocada por ceses no comprensibles y denuncias públicas de presiones a las que siguen declaraciones ministeriales nada tranquilizadoras.
El Ministerio Fiscal no es independiente al tratarse de un órgano jerarquizado cuya función constitucional es distinta de la de Jueces y Magistrados, pero sí es, o debe ser, autónomo. En el actual estado de cosas, y pese a lo necesaria que es, resulta inquietante pensar en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por el actual Ministerio de Justicia que atribuya a las Fiscalías la instrucción de las causas penales.
Es imprescindible garantizar y potenciar la autonomía del Ministerio Fiscal, así como protegerlo frente a intromisiones injustificadas que distorsionen su función y su lógica, y ello, particularmente en fiscalías tan sensibles como las anticorrupción, cuyos titulares deberían estar especialmente protegidos frente a cualquier ataque.
Las nefastas consecuencias de esta manera de actuar aumentan la desafección de la sociedad respecto de la Justicia, lo que constituye un serio problema de calidad de nuestra democracia. La Justicia no sólo debe de ser imparcial e independiente, sino que también debe generar confianza y seguridad a la ciudadanía, especialmente en aspectos fundamentales desde un punto de vista democrático como son la libertad de expresión y la persecución de los delitos de corrupción.
