Desde el SISEJ queremos sumarnos a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y a la reivindicación de cuantos esfuerzos y luchas sean necesarios para que el derecho fundamental a la igualdad y al respeto de los derechos humanos de todas las mujeres sean reconocidos efectivamente en todo el planeta.
Conforme a los datos de Naciones Unidas apenas el 50 por ciento de las mujeres en edad de trabajar están representadas en la población activa mundial, frente a un 76 por ciento en el caso de los hombres. De ellas, la mayoría trabaja en la economía informal, subvencionando el trabajo de cuidados y doméstico, y se concentran en empleos peor remunerados y con menos cualificaciones, con poca o ninguna protección social. Si nos circunscribimos al estado español, los datos no son mucho más halagüeños: sin entrar a profundizar en la brecha salarial y el recorte de derechos laborales que ha utilizado la crisis como excusa y que ha generado una grave feminización de la pobreza, sirva como ejemplo que, conforme a los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Mujer, de las excedencias por cuidado de hijos o hijas el 93,33 por cien correspondían a las madres, mientras que las mujeres habían solicitado el 84,58 por cien de las relativas al cuidado de otros familiares. Un 72,61 de las personas ocupadas a tiempo parcial en 2016 eran mujeres.
La discriminación laboral tiene también su evidente reflejo en el ámbito institucional: las mujeres, que componen más de la mitad de la población española, ocupan, sin embargo, sólo un tercio de los altos cargos de la Administración. En el ámbito judicial, según datos de 2014, un 58.84 por ciento de los y las jueces, fiscales y letrados de la administración de justicia eran mujeres. En un entorno mayoritariamente femenino, los ámbitos de poder nos siguen estando negados: sólo un 33 por ciento de fiscales jefe y tenientes fiscales y sólo un 13 por ciento de los magistrados del Tribunal Supremo son mujeres. Más grave es la situación del Tribunal Constitucional, órgano en el que desde 1980 sólo han participado 5 mujeres. Desde este sindicato entendemos que la Justicia, en todas sus instancias y órganos de gobierno, debe ser representativa de la sociedad española, y no podemos sino denunciar, como hemos hecho en otros ámbitos, el déficit democrático de una institución que excluye a la mitad de la población por razón de su género.
La discriminación laboral e institucional solo son, sin embargo, dos formas más de las múltiples violaciones de derechos que sufren diariamente las mujeres por el mero hecho de serlo. Entre las más graves, sin lugar a dudas, la violencia machista: 2017, a 8 de marzo, es ya el peor año de la década en cuanto al número de mujeres asesinadas en España a manos de sus parejas, con 16 crímenes y 8 menores huérfanos a consecuencia de los mismos. Ante una situación de emergencia social como ésta, y en un momento en que está sobre la mesa el necesario Pacto de Estado contra la violencia de género, instamos a los poderes públicos a que no sólo se revise cuidadosamente la eficacia de las medidas judiciales (insistiendo especialmente en la necesaria sensibilización y formación específica de todos los operadores jurídicos que intervienen) sino que se aborde de forma realmente integral el fenómeno de la violencia machista en todas sus vertientes (violencia sexual, trata, prostitución, mutilación genital, matrimonios forzados, acoso laboral…) y con especial incidencia en los esquemas sociales patriarcales que la perpetúan.
En el marco de la gestación de dicho Pacto de Estado contra la violencia de género, llamamos la atención sobre dos cuestiones particulares en el ámbito de la Administración de Justicia: de una parte, sobre la paralización por parte del Ministerio de Justicia y por razones desconocidas de la integración del Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género con los sistemas de gestión procesal con los que se trabaja en las oficinas judiciales, actuación prevista por el Real Decreto 95/2009 y que permitiría a juzgados y tribunales gestionar los datos desde un único punto, agilizando y afinando con ello la respuesta para la protección de las víctimas.
Igualmente nos preocupa la comarcalización de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Dicha medida, que supone la eliminación de determinados Juzgados de Violencia sobre la Mujer y la asunción de sus competencias por otros de poblaciones más o menos cercanas, debe permitir la especialización y una mejor asistencia a las afectadas, pero para ello precisa unos estudios previos y el diseño de planes de apoyo integral a las víctimas que garanticen que la lejanía física de la sede judicial no suponga su lejanía material respecto del servicio público de la Justicia. Pero si únicamente, y como puede ocurrir, se toman como base los poco fiables datos estadísticos de Justicia y datos económicos en términos de mero ahorro monetario a corto plazo, los resultados pueden ser dramáticos en orden a la prevención y protección de las víctimas.
Diez años después de la promulgación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, lamentablemente la realidad sigue dejando patente la necesidad de poner de manifiesto todas las formas de discriminación contra las mujeres por el hecho de serlo, y de seguir luchando contra ellas cada día.
