En relación con la enmienda presentada en el Senado por el Grupo Parlamentario Popular por la que se propondrá diferir la entrada en vigor de la Ley 20/2011 del Registro Civil hasta el 30 de junio de 2019, desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia queremos realizar las siguientes observaciones:
En primer lugar, queremos reiterar nuestra protesta por la incapacidad y falta de interés en la reforma del Registro Civil por parte del Gobierno y de la mayoría parlamentaria que actualmente lo sustenta.
La Ley 20/2011, aprobada por todos los grupos políticos, estableció un mandato parlamentario claro y nítido: un Registro Civil fuera de la administración de justicia, informatizado y telemático, público, gratuito y dirigido por funcionarios públicos del grupo A, entre los que se encuentran los actuales Letrados de la Administración de Justicia, opción que el SISEJ ha venido defendiendo.
Desde entonces, los diferentes Gabinetes han tratado de eludir el cumplimiento de ese mandato parlamentario en lo que consideramos una verdadera e insólita quiebra de la democracia.
El último capítulo fue el anuncio triunfal del Ministro de Justicia el pasado mes de febrero de 2017 de que el Registro Civil sería dirigido por los Letrados de la Administración de Justicia, pero que permanecería en la administración de justicia, prácticamente intacto en el resto, y ello tras unas oscuras negociaciones con algunos representantes corporativos y sindicales cuyo apoyo proclamaba.
Cuando el Ministro nos transmitió esta propuesta, desde el SISEJ no tuvimos dudas en valorarla como un nuevo fiasco, como así ha sido. Durante estos años el Gobierno no ha hecho nada para preparar la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil aprobada por las Cortes. En la enmienda presentada ahora para prorrogar la vacatio legis de la Ley hasta 2019 alega para ello motivos tecnológicos y organizativos, que son precisamente los que él mismo ha paralizado en todo este tiempo.
El Ministro debe aclarar quiénes van a ser los Encargados del Registro Civil hasta el 30 de junio de 2019, y si no van a ser los Letrados de la Administración de Justicia como anunció públicamente, deberá justificar también públicamente por qué no va a ser así. Desde luego, consideramos insuficiente la vaga alusión general de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular a motivos organizativos y tecnológicos, como para servir de coartada a una burla de tales dimensiones.
Por otra parte, mostramos nuestra preocupación porque la vacatio legis anunciada no se extiende a las disposiciones y reformas complementarias previstas en la Disposición Final 21ª de la la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria de 2015 , que sí mantienen como fecha de entrada en vigor el 30 de junio de 2017.
Entre ellas se encuentra, por ejemplo, la tramitación de los expedientes de capacidad previa a la celebración del matrimonio civil, que según dicha normativa deberían empezar a ser tramitados por Letrados de la Administración de Justicia y Notarios pese a la escandalosa situación de indeterminación e inseguridad jurídica generada.
La entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria debe ser necesariamente coordinada con la Ley del Registros Civil de 2011. No tiene sentido que se permita tramitar expedientes a Letrados de la Administración de Justicia y Notarios sin aclarar qué normativa deben aplicar, y por ello se debe prorrogar también la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Voluntaria.
Finalmente, desde el SISEJ consideramos que la vacatio legis de la Ley 20/2011 del Registro Civil es un resultado no deseable, pero inevitable dada la inactividad del Ministerio de Justicia para ponerla en marcha, y exigimos que sea aprovechada por el Gobierno para ejercer sus funciones como Poder Ejecutivo y desarrollar las plataformas tecnológicas y la estructura organizativa del Registro Civil tal y como estaba previsto en la Ley 20/2011.
