Hemos tenido conocimiento público de que el Secretario General de la Administración de Justicia ha comunicado unilateralmente a una de las organizaciones profesionales de nuestro sector que suspende la comunicación que emitió por vía jerárquica interna para cambiar el criterio en las sustituciones entre Letrados de la Administración de Justicia.
Desde el SISEJ consideramos que de ser cierta esta información reviste una especial gravedad institucional dado que el Secretario General reconoce haber dictado una orden general solo conocida de modo indirecto, pese a que la Subdirectora General de Programación de la Modernizaciónhabía informado a nuestra portavoz la semana pasada de que “no existía ningún cambio de criterio en ese sentido”, faltandopor lo tanto a la verdad en esa comunicación.
A día de hoy, el Secretario General, sigue sinresponder al escrito dirigido por nuestra organización solicitando información sobre esta cuestión.Por el contra, reconoce que cambió este criterio y lo rectifica, según parece, de manera inusualmente irresponsable y poco seria a través de una organización profesional del sector, la que él mismo dirigió durante años hasta que fue designado como vocal en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, antes de dar el salto a la Secretaría General de la Administración de Justicia.
El Secretario General de la Administración de Justicia es, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, el órgano superior de Gobierno y cúspide jerárquica del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Precisamente por la responsabilidad de este cargo, que ostenta Antonio Dorado Picón desde 2014, resulta inadmisible esta falta de transparencia en la gestión pública y este menosprecio institucional frontal al colectivo que sobre el papel dirige.
Desde el SISEJ, siendo conscientes de que la actuación de Antonio Dorado como Secretario General se enmarca en una pésima gestión por parte del Ministerio de Justicia,consideramos que ha llegado el momento de su relevo, no sólo por este último episodio, colofón de una larga serie deactuaciones similares, sino, además:
1.- Por una política de nombramiento de cargos caracterizada por la opacidad y el partidismo en perjuicio de los criterios de mérito y capacidad, fundamentales en toda Administración democrática, poniendo en peligro la imparcialidad de la Administración de Justicia.
2.- Por la instauración de una falta de transparencia en la dirección del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, sin precedentes e impropia de los países de nuestro entorno, pudiendo citar como ejemplos la política de cobertura de puestos de trabajo en comisión de servicios y el régimen de sustituciones entre Letrados.
3.- Por la ruptura del cauce formal de interlocución institucional del Ministerio de Justicia a través de la Secretaría General con las organizaciones de Letrados de la Administración de Justicia, sustituido por una práctica anormal de encuentros bilaterales y selectivos, con frecuencia sin publicidad, en lugar de reuniones formales de trabajo con todas las organizaciones del colectivo.
4.- Por sufalta de capacidad para el ejercicio de lascompetencias de la Secretaría General de la Administración de Justicia, dada, por ejemplo, la parálisis de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, cuyos datos deberían ser fundamentales para determinar la estrategia del Ejecutivo en Justicia;el abandono de la implantación e implementación de la Oficina Judicial; de los programas de calidad en oficinas judiciales;de la planificación estratégica, dirección y ejecución de la modernización tecnológica de la Administración de Justicia, a la vista del escandaloso fracaso del proyecto “papel 0” y el naufragio diario de LEXNET;o de la integración automática de los registros de Justicia, especialmente el de protección de víctimas de violencia doméstica con las aplicaciones de gestión procesal, como venimos denunciando reiteradamente.
5.- Por la precarización profesional del colectivo de Letradas y Letrados de la Administración de Justicia, del que es máximo responsable, que se encuentra saturado de funciones residuales sin avances en las competencias directivas ya atribuidas, que no se reconocen de manera adecuada, ni salarial ni institucionalmente.
6.- Por lafalta de impulso a la reforma del Reglamento Orgánico del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, ni tan siquiera de su mera adaptación a la modificación legislativa de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada en 2015, y del propio escalafón del Cuerpo.
7.- Por la práctica paralización del Consejo del Secretariado como órgano consultivo, que apenas ha sido convocado esta legislatura, que sigue sin publicar sus actas y acuerdos, al que no se somete ni tan siquiera a informe de candidaturas a puestos que no cuentan con el beneplácito preconcedido de la Secretaría General, y que mantiene contra todo criterio jurídico a una vocal que no cumple los requisitos para ello.
Por todo ello, desde el SISEJ creemos necesario el inmediato cese y sustitución de Antonio Dorado Picón al frente de la Secretaría General de la Administración de Justicia.
Comisión ejecutiva, 15 junio 2017
