Desde el mismo momento de la constitución del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, nuestra organización ha tenido como objetivo la superación de una visión corporativista y conformista de la Administración de Justicia y del papel que en ella debe desempeñar nuestro colectivo.
Desde entonces hemos apostado porque el antiguo Cuerpo de Secretarios Judiciales, ahora Letrados de la Administración de Justicia, lidere una nueva organización de la misma, la Oficina Judicial, ejerciendo una verdadera dirección procesal de la misma.
Así mismo, en consonancia con la modernización tecnológica y audiovisual de la sociedad, el SISEJ logró la superación del arcaico modelo medieval de escribano-copista en los juicios orales, heredada de las concepciones de la fe pública judicial de la baja edad media, para focalizar el importante capital humano, tradicionalmente considerado como desaprovechado en el sector, hacia la mejora del servicio a la ciudadanía.
Sin embargo, la debilidad y falta de determinación política de los distintos gabinetes ministeriales de justicia en los últimos años, ha determinado que las reformas procesales y el cambio organizativo que deberían implicar se hayan quedado a medias, en la mayoría de los casos como una simple sustitución del cartel “juzgados” por “oficina judicial”.
Pese a la grave situación de la justicia y a las necesidades de la misma, los Letrados de la Administración de Justicia, un Cuerpo superior dependiente del Ministerio de Justicia, seguimos condenados por una legislación retrógrada a un aumento de funciones sin contenido jurídico, de carácter administrativo e incluso asistencial o auxiliar de otros Cuerpos (responsabilidad por registros cada vez más numerosos, documentación de actos procesales, custodia de objetos, gestión de cuentas en aplicaciones bancarias, o recientemente la referencia del Consejo General del Poder Judicial a la práctica de “marcas” en grabaciones audiovisuales de actos procesales), e incluso en aquellos lugares donde se ha implantado la Oficina Judicial, arrinconado en Unidades de Apoyo al Juez o Magistrado prácticamente vacías de contenido cualificado.
Además de ello, el crecimiento en las responsabilidades sobre todo en determinadas jurisdicciones, no se ha visto correspondido por el menor aumento salarial desde 2010, siendo ya prácticamente igualado, cuando no superado, el salario en algunos territorios y órganos por el de los funcionarios de Cuerpos generales sometidos a nuestra dirección. En ese contexto puramente salarial, no debe aprobarse ninguna subida de sueldo en todo el sector de la Justicia si no se aprueba con ella el aumento de sueldo para el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
Considerado en su conjunto, este panorama, unido a otras circunstancias como la privación del ejercicio efectivo del derecho a la negociación colectiva laboral de nuestro colectivo y una falta evidente de interlocución con el Ministerio de Justicia, nos hace preguntarnos si no estamos sometidos por todos los poderes públicos a una inaceptable situación de mobbing institucional.
Por todo ello, desde el SISEJ manifestamos lo siguiente:
1. Exigimos a los poderes públicos respeto institucional a un Cuerpo superior jurídico compuesto por más de 4.000 profesionales cualificados. Para ello pedimos al Consejo General del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y a los Grupos políticos parlamentarios que integran el Poder Legislativo, que se abstengan de proponer o atribuir en su caso a nuestro colectivo más funciones residuales, vacías de contenido jurídico y perfectamente sustituibles por otros medios, en especial los tecnológicos.
2. Exigimos una transformación orgánica masiva de nuestro Cuerpo, que debe ser paralela a la implantación de los Tribunales de Instancia y que debe implicar la integración de una parte significativa del colectivo en la Carrera Judicial, bien sea como jueces de base o proximidad u otra fórmula similar, aumentando así la ratio de jueces hasta situarla en niveles propios de los países de nuestro entorno. Todos los operadores jurídicos sabemos que la cobertura de plazas mediante procesos selectivos tradicionales sin una previa reorganización ha demostrado ser insuficiente por sí sola, dadas la estructura actual y necesidades de la justicia, y que hace falta aumentar los niveles de resolución.
3. Todas las reformas procesales y orgánicas deben tender a configurar el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia de modo que sólo desempeñe funciones propias de un Cuerpo superior de contenido jurídico, tomando decisiones en su ámbito. Señaladamente, en el ámbito de la Oficina Judicial, sólo tendrá sentido su completa implantación con la figura del Letrado de la Administración de Justicia en los Servicios Comunes, debiéndose redefinir el modelo organizativo mediante la supresión progresiva de los puestos de trabajo en Unidades Procesales de Apoyo al Juez o Magistrado, y adecuando íntegramente el régimen salarial al de un Cuerpo superior con formación similar a la de las carreras judicial y fiscal.
