Ante la aprobación por la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia-SISEJ hacemos la siguiente valoración:
Nos congratulamos de que los Grupos Parlamentarios hayan logrado alcanzar este consenso. A lo largo de este año ha sido confirmado el asesinato por violencia doméstica de más de una treintena de mujeres y una decena de menores, quedando además dieciséis menores huérfanos por esta causa. No admite discusión que un drama de tal magnitud, cuyas cifras reales son desconocidas, requiere un tratamiento específico, global y coordinado por parte de las instituciones públicas, en el que debe exigirse también implicación al ámbito privado. En este sentido, los representantes de la ciudadanía tienen la responsabilidad de alcanzar pactos de estas características, que en general deberían extenderse a cualquier cuestión de emergencia social, más allá de intereses partidistas o ajenos al interés social.
Dicho esto, lamentamos que hayan transcurrido trece años desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como los obstáculos que en muchas ocasiones se han puesto al propio despliegue y aplicación de la misma.
También lamentamos que el pacto, por más que comprenda doscientas medidas cuya efectividad debe garantizar una partida global y específica de mil millones de euros, sea un pacto de mínimos, sobre el cual tanto los representantes ciudadanos como todas las administraciones e instituciones, deberíamos ser capaces de tejer un sistema de educación, asistencia y protección mucho más avanzado y que erradique la lacra de las diferencias de género en un sentido amplio.
Dada la complejidad de las sociedades humanas, la cuestión de género y su manifestación más grave, la violencia de género, no está ligada por naturaleza a la clase social ni a las circunstancias económicas o culturales, pero se manifiesta más crudamente, como otros males, en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Por esto queremos recordar que las medidas laborales acordadas para luchar contra la violencia de género serán menos efectivas en la medida en que la reforma laboral se consolide y la legislación social no recupere su carácter de protección y corrección de desigualdades materiales, o que las medidas educativas no pueden desplegar su potencial formador de valores mientras el sistema educativo perpetúe diferencias económicas, de género y culturales.
Desde el punto de vista de la Administración de Justicia, y sin perjuicio de que en general las medidas relativas a la misma sean correctas, lamentamos que no se vaya a la raíz del problema. Es imprescindible retomar y planificar correctamente la reforma estructural de la Administración de Justicia, desplegando el modelo de Oficina Judicial en todo el territorio del Estado e implementándolo con Tribunales de Instancia, Tribunales de Base y Ejecución y Oficinas de Atención a la Ciudadanía que presten una atención integral y de calidad. Igualmente, es fundamental la sensibilización y formación específica de todos los colectivos de funcionarios implicados.
Asimismo nos sorprende que, pese a la mención específica del Registro Central de Penados, no se haya abordado la integración de los distintos Registros de apoyo a la Administración de Justicia, tarea pendiente desde el año 2009 y que los últimosMinisterios de Justicia no han querido acometer. Debemos recordar que entre dichos Registros se encuentran el Registro Central de Penados y Rebeldes o el Registro Central para la Protección de Víctimas de Violencia Doméstica y de Género y el de Medidas Cautelares, Requisitorias, y Sentencias no Firmes, de los cuales debe además depender un Fondo Documental específico. De esta integración depende que los mismos sean instrumentos efectivos de protección y lucha contra la violencia de género.
Esperamos que este Pacto de Estado no sea el fin, sino el inicio de un camino en el que todos seamos capaces de trabajar conjuntamente por un único objetivo que debe ser la eliminación de la violencia contra la mujer y todas las violencias que lleva aparejada, en particular contra las niñas y niños.
