La pasada semana el Ministerio de Justicia informó de un «defecto en el control de accesos» a la aplicación de comunicación de los órganos judiciales, el sistema LEXNET, ocasionado según el propio Ministerio por un «error en la programación del código«, lo que ha motivado, además, la interrupción del servicio durante todo el pasado fin de semana.
Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia-SISEJ consideramos oportuno realizar las siguientes valoraciones:
1-Valoramos como insuficiente la explicación ofrecida por el Ministerio de Justicia en sus notas de prensa de 27 y 30 de julio. Un defecto de seguridad en LexNet, sistema público de comunicaciones y notificaciones de la Administración de Justicia, reviste especial gravedad, y por ello exigimos una investigación a fondo y con precisión de las causas de dicho error, así como que se nos informe de su curso y resultados a los Letrados de la Administración de Justicia, en cuanto Directores de las Oficinas de todos los Juzgados y responsables de los actos de comunicación judicial. Así mismo,consideramos que la detección de un «error en la programación del código» informático no exime al Ministerio de su responsabilidad política en la contratación, monitorización del desarrollo, dirección y valoración de la calidad del producto.
Ante una situación tan grave no son tolerables unas explicaciones eufemísticas sobre una “parada técnica para estabilizar la versión actual de LexNET y realizar trabajos de mantenimiento del sistema”, como si se hubieran llevado a cabo unas actuaciones de rutina que en ningún caso habrían justificado una reunión de urgencia como la que se celebró el domingo 30 de julio en el Ministerio de Justicia, con asistencia del propio Ministro de Justicia, Rafael Catalá, la Secretaria de Estado de Justicia, el Jefe de Gabinete del Ministro o el Subdirector de Nuevas Tecnologías, entre otros, y a la cual desconocemos si asistió el Secretario General de la Administración de Justicia, del cual depende dicha Subdirección.
Lamentamos, además, el propio lenguaje usado enla nota de prensa del 30 de julio, centrada en las molestias causadas a los profesionales y que obvia los graves perjuicios de las ciudadanas y ciudadanos que hayan podido verse afectados por un acceso indebido y general a sus datos personales.
2-Desde una perspectiva general, denunciamos que esta disfunción técnica no es la primera, y se enmarca en un contexto de mala gestión tecnológica por parte de este Ministerio de Justicia. A partir de 2012 el Gobierno inició una etapa de profunda desatención a la modernización de la Justicia, decisión política cuyas consecuencias se prolongarán durante años. Ejemplos de ello son lainmediata supresión de la Dirección de Modernización del Ministerio de Justicia, lapropaganda demagógica del llamado «papel cero«, la errática gestión informática del Registro Civil, la falta de respuesta pública en la mejora técnica de los sistemas de grabación y reproducción audiovisual o la quimera del enésimo «sistema único de gestión procesal«.
La falta de previsión, la improvisación, la ausencia de planificación y de políticas públicas claras han caracterizado la gestión de estos últimos años y deben ser desterradas en pro del beneficio superior del servicio público a la ciudadanía y a la adecuada garantía, satisfacción y tutela judicial de sus derechos.
3- Por último, exigimos al Gobierno, y en especial al Ministerio de Justicia que asuma responsabilidades y cumpla con sus funciones de gestión pública, cumpliendo lo establecido en la norma reguladora de LexNet, el Real Decreto 1065/2015, que deroga el Real Decreto 84/2007, y que fue informado en 2015 por el Consejo Fiscal, la Agencia Estatal de Protección de Datos, el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica y el Consejo General del Poder Judicial, este último por unanimidad.
