Ante la reciente aprobación por parte del Parlament de Catalunya de la Ley sobre el referéndum del próximo 1 de Octubre y la Ley de Transitoriedad, suspendidas ya por el Tribunal Constitucional, desde el Sindicato de Letrados queremos realizar las siguientes manifestaciones:
1.- Entendemos que la Administración de Justicia constituye un servicio público en un estado social y democrático de derecho, siendo la satisfacción de la ciudadanía un objetivo fundamental de su gestión ante la existencia de cualquier tipo de conflicto jurídico.
No puede asumir la Administración de Justicia ni el Poder Judicial la falta de capacidad de los líderes políticos para solucionar un problema que, por su dimensión, no puede reducirse al ámbito jurídico.
2.- Manifestamos nuestro absoluto compromiso con el estado de derecho, los derechos fundamentales y las libertades públicas del conjunto de la ciudadanía.
Las recientes decisiones políticas sitúan a la Administración de Justicia en el epicentro del debate político y al personal que trabaja en ella dentro de su foco.
Por eso queremos trasladar al conjunto de dicho personal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y singularmente a nuestra afiliación a quienes representamos, nuestro máximo apoyo y solidaridad tanto en el desempeño de sus funciones, atendiendo a los complejos y mediáticos procedimientos judiciales iniciados, como en el ejercicio de sus derechos laborales tanto si dependen de la Administración Estatal como de la autonómica.
En esto sentido reclamamos tanto del Ministro de Justicia Rafael Catalá, como el Conseller de Justícia de Catalunya Carles Mundó, el máximo respeto y protección del personal que trabaja en la Administración de Justicia, especialmente del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, como directores de la Oficina Judicial.
3.- Sin perjuicio de contribuir desde el Cuerpo de Letrados al normal funcionamiento de la Administración de Justicia en Catalunya, respecto del problema político existente hacemos un llamamiento a los representantes políticos de la ciudadanía para que, desde el diálogo y el acuerdo, se contribuya a solventar esta difícil situación garantizando los derechos y libertades del conjunto de la ciudadanía.
