Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia SISEJ queremos mostrar nuestra satisfacción por el rechazo en el Congreso de los Diputados a la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular para la reforma de la Ley 20/2011 del Registro Civil.
Recordamos que la Ley 20/2011 del Registro Civil se aprobó hace 7 años por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, constituyendo uno de los escasos consensos políticos de la democracia española en los últimos años. En dicho texto se preveía una ambiciosa reforma del Registro Civil, modernizando su estructura y organización, conservando su carácter público y adaptándolo a las exigencias de la sociedad tecnológica actual, para lo cual preveía un período transitorio antes de entrar en vigor.
Sin embargo, a partir de 2012 el Ministerio de Justicia en lugar de cumplir el mandato democrático parlamentario y preparar los cambios organizativos necesarios para la entrada en vigor de la Ley, renunció a gestionar el cambio y trató deslealmente de aprovechar el período anterior a la entrada en vigor para desactivar la reforma, primero intentando sustituirla por una privatización parcial en favor de los Registros de la Propiedad y Mercantiles, y ahora durante el mandato de Rafael Catalá, mediante la conservación de una organización del trabajo anticuada y demostradamente fracasada.
El texto rechazado por el Congreso de los Diputados establecía una vuelta atrás en el tiempo a un Registro Civil organizado como en la década de 1950, manteniendo la misma organización y estructura que ha hecho al Registro Civil un servicio ineficaz ante la ciudadanía. La Proposición de Ley hablaba de “desjudicialización” del Registro, pero en realidad preveía mantener toda su estructura en la colapsada, obsoleta e ineficaz administración de justicia.
El único cambio de importancia que se proponía era la sustitución del Encargado, hasta ahora desempeñado por jueces y magistrados, por Letrados de la Administración de Justicia, los antiguos Secretarios Judiciales, pero obligando a compatibilizar dichas funciones con su puesto de trabajo y con el mantenimiento de las mismas condiciones laborales y retributivas, a lo que nos hemos opuesto desde el SISEJ.
Consideramos también relevante el oscuro proceso de negociación de la reforma del Registro Civil por el gabinete de Rafael Catalá, su falta de consenso y de diálogo. Recordamos que hace un año el Ministro nos expuso en una reunión con las organizaciones de Letrados sus intenciones para impulsar dicha reforma. Sin embargo, el pasado mes de noviembre el Ministerio de Justicia decidió expulsar al SISEJ y no convocarnos a la reunión informativa sobre el Registro Civil que mantuvo con las otras organizaciones de nuestro sector, sin duda como represalia por nuestra postura crítica con el Ministerio de Justicia en esta y otras cuestiones, una situación anómala que debe ser rectificada.
Pese a ello el SISEJ ha desarrollado una intensa actividad de estudio y trabajo para poner de manifiesto nuestra perspectiva y aportaciones a la reforma del Registro Civil, poniendo en común nuestros esfuerzos con diferentes Grupos Parlamentarios para contribuir a una salida razonable, realista y constructiva con la mayor amplitud posible para la puesta en marcha del nuevo Registro Civil.
Con el rechazo parlamentario de la Proposición de Ley se abre un panorama incierto ante la entrada en vigor de la Ley 20/2011, cuyo período de “vacatio legis” acaba el próximo mes de junio. El Ministerio de Justicia debe asumir su responsabilidad y hacer aquello para lo que fue designado y comisionado, gobernar y gestionar el cambio, así como comenzar la implantación total o parcial de la Ley 20/2011, prorrogando nuevamente la vigencia de la misma si ello fuese necesario.
En definitiva, valoramos el fracaso en la gestión de la reforma del Registro Civil como una consecuencia de la falta de interés en modernizar la justicia y la administración pública mediante el desarrollo de políticas públicas activas y planificadas con unos objetivos claros. Para el SISEJ se trata de un naufragio de dimensiones históricas, y creemos que este hecho, unido a una legislatura en blanco, y a la escandalosa falta de apoyos y confianza en la llamada “estrategia nacional para un pacto por la justicia” debería hacer al Gobierno replantearse su línea política en Justicia.
