Como parte de los acuerdos adoptados por unanimidad en la asamblea de afiliados del Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia – SISEJ celebrada en el marco del 7 Congreso, se hace pública la declaración institucional de reprobación del actual Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Dorado Picón.
Desde el SISEJ ofrecemos la declaración públicamente y más allá del ámbito de nuestra organización, entendiéndola como cauce para la rendición de cuentas ante el colectivo de la gestión de nuestros superiores jerárquicos.
A continuación reproducimos el texto:
Declaración de reprobación del Secretario General de la Administración de Justicia
El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia SISEJ, en su Séptimo Congreso, quiere realizar una valoración de la gestión de nuestro principal superior jerárquico, el Secretario General de la Administración de Justicia, a modo de rendición de cuentas ante el Cuerpo sobre el cumplimiento de sus responsabilidades legales y estatutarias, tanto en el aspecto profesional, como desde una perspectiva institucional del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
Al tratarse del primer integrante del Cuerpo en ser llamado a desempeñar el cargo jerárquico más importante del mismo, se había generado una cierta expectativa en el momento de la designación de Antonio Dorado Picón mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de octubre de 2014, como podría esperarse de una persona a priori conocedora de las necesidades y problemas históricos del colectivo.
Sin embargo, tras más de tres años de ejercicio de su cargo al frente de la Secretaría General de la Administración de Justicia, no podemos sino reflejar el sentir ampliamente compartido en todo el colectivo afirmando que dichas expectativas se han visto defraudadas y el balance de esta gestión es claramente negativo y, lamentablemente, merecedor de la reprobación del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
Fundamentamos esta declaración en los siguientes motivos:
PRIMERO.- La pérdida de relevancia y peso institucional de nuestro Cuerpo a todos los niveles, comenzando por la falta de impulso y paralización de aquellas iniciativas legislativas y proyectos –como las reformas procesales y organizativas necesarias para la implantación de la oficina judicial y los tribunales de instancia- que otorgaban un papel preeminente y directivo a los Letrados de la Administración de Justicia, y nuestra consideración como Cuerpo Superior.
Igualmente, el actual Secretario General de la Administración de Justicia formó parte del denominado grupo de expertos para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que cristalizaría en la Ley Orgánica 7/2015, un texto que presentaba como gran logro estatutario para el Cuerpo una medida puramente formal, el cambio de nombre de Secretarios Judiciales a Letrados de la Administración de Justicia, sin incluir ningún avance legislativo real que contribuya al prestigio profesional y capacidad de dirección procesal del Letrado de la Administración de Justicia en el ejercicio de nuestro cargo.
A día de hoy ni siquiera se ha impulsado debidamente la adaptación del Reglamento Orgánico de Secretarios Judiciales de 2006 a dicha reforma orgánica, y a causa de esta negligencia, de modo inaudito, el Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia carece de escalafón profesional actualizado.
A nivel laboral el Secretario General de la Administración de Justicia ha mostrado durante estos años una enorme insensibilidad y falta de predisposición al diálogo ante la principal reivindicación de esta naturaleza de los miembros del Cuerpo: la adecuación salarial pendiente desde 2009-2010, que ha motivado la mayor protesta y movilización unitaria de la historia de nuestro Cuerpo.
SEGUNDO.- Por una política de nombramiento de cargos caracterizada por la opacidad y el favoritismo personalista en perjuicio de los criterios de mérito y capacidad. Recordamos a título de ejemplo casos escandalosos como el nombramiento de la Secretaria de Gobierno del TSJ de Canarias, declarado ilegal por la Audiencia Nacional por incumplir el requisito mínimo de antigüedad a sabiendas de ello.
TERCERO.- Por la instauración de un régimen de falta de transparencia en la dirección del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, citando como ejemplos la cobertura de puestos de trabajo en comisión de servicios y el régimen de sustituciones entre Letrados, ambos ampliamente conocidos entre los integrantes de nuestro colectivo.
CUARTO.- Por la liquidación del cauce que venía siendo normal de interlocución institucional del Ministerio de Justicia con las organizaciones profesionales a través de la Secretaría General, sustituido desde el inicio de su mandato por una práctica anormal de encuentros bilaterales y selectivos, con frecuencia sin publicidad, en lugar de reuniones formales de trabajo con todas las organizaciones del colectivo.
QUINTO.- Por la violación deliberada de los derechos colectivos de los Letrados de la Administración de Justicia, materializada en la exclusión de una organización legalmente constituida, el SISEJ, de toda forma de participación e interlocución con el Ministerio de Justicia a partir del 20 de noviembre de 2017, decisión producida exclusivamente como medida de represión totalitaria de ideas, opiniones e informaciones discrepantes, manifestadas en el ejercicio de libertades democráticas, vulnerando el marco que hasta esa fecha había cumplido.
SEXTO.- Por su ausencia de responsabilidad y falta de cualificación en el ejercicio de las competencias de la Secretaría General de la Administración de Justicia relacionadas con la modernización tecnológica de la justicia; pese a tener a su cargo la Subdirección General de Nuevas Tecnologías, en ningún momento ha asumido la menor responsabilidad ni dado explicaciones sobre la brecha de seguridad de LexNet producida en julio de 2017, ni de las disfunciones presupuestarias y técnicas en la gestión de la implantación del denominado “papel cero”, ni tan siquiera de la falta de integración de registros públicos con los sistemas de gestión de los juzgados, siendo especialmente sangrante el caso de Registro Estatal para la Protección de Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género.
Por todas estas consideraciones en cuanto Letrados de la Administración de Justicia no podemos sino declarar públicamente nuestro rechazo a la gestión del todavía Secretario General de la Administración de Justicia, Antonio Dorado Picón, cuyo mandato reprobamos considerándolo merecedor del repudio de quienes pertenecemos a la misma Carrera.
Madrid, 25 de mayo de 2018
