El 20 de junio se cumple el séptimo mes desde que el Ministerio de Justicia celebró la primera de las reuniones con organizaciones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia tras haber decidido excluir y vetar a una de ellas, el SISEJ, por razón de nuestras opiniones discrepantes.
Desde entonces se ha celebrado un buen número de reuniones, tanto públicas como no públicas, entre el equipo de Rafael Catalá y las organizaciones que, pese a nuestra situación y peticiones, eligieron participar en ellas.
En su día dijimos que no estábamos dispuestos a engañar a nuestros compañeros y que dichos encuentros no servirían absolutamente para nada. Como en otras ocasiones el tiempo nos ha dado la razón: los grupos de trabajo y otras promesas estaban destinados a la nada, y solo se buscaba la dilación, la división y la consolidación de la situación existente, todo teñido de la mala fe democrática que orientaba la actuación del anterior equipo ministerial.
El veto al SISEJ es el asunto más grave de la historia reciente del Cuerpo de Secretarios Judiciales, ahora llamado de Letrados de la Administración de Justicia. Que desde un Ministerio de Justicia se decida actuar en represión de un colectivo de profesionales por disentir representa un peligro potencial que afecta a todos y que de ningún modo debe tolerarse.
Que nadie dude de que, siete meses después, seguiremos trabajando por la restitución del diálogo democrático, de los derechos colectivos de nuestros afiliados –y de todos- a una interlocución profesional adecuada, cualesquiera que sean las ideas de cada cual, y con este objetivo, llegaremos hasta el final.
