El BOE de 1 de septiembre de 2018 publica oficialmente la convocatoria para cubrir por el Ministerio de Justicia la Secretaría de Gobierno del TSJ de Canarias, un cargo hasta ahora ocupado por Eva Hernández, nombrada por el ex Ministro Rafael Catalá incumpliendo el requisito legal mínimo de antigüedad exigido por la Ley.
Recordemos que este nombramiento fue denunciado por el SISEJ en 2017, solicitando una aclaración pública al Ministerio a la que este ni siquiera contestó. Igualmente fue objeto de protesta en solitario por el único vocal independiente en el Consejo del Secretariado, además de ser recurrido judicialmente por una de las candidatas que se presentó al cargo, que sí cumplía con los requisitos formales.
Pese a que la Audiencia Nacional anuló de forma rotunda el nombramiento en primera instancia, el Ministerio de Justicia tomó la decisión irresponsable de mantenerlo y recurrir en apelación, logrando en segunda instancia una nueva derrota, como ha ocurrido finalmente, exponiéndose a una condena económica en las costas del procedimiento.
Lo más grave de este asunto es la gestión oscura y la falta de honestidad pública con que actuó el equipo ministerial que dirigía Rafael Catalá. Los profesionales de la Justicia, el Cuerpo de Letrados y la opinión pública merecemos y pedimos que se investigue y que se aclare el motivo por el que deliberadamente se seleccionó y se ha mantenido en la Secretaría de Gobierno del TSJ de Canarias hasta el último momento, (incluso contra el criterio de la justicia ordinaria) a una persona que incumplía visiblemente la normativa legal para el cargo, y toda cuya gestión está en tela de juicio.
Recordamos que, en lugar de rectificar, el Ministerio se inventó una argumentación basada en que a partir de ese momento adoptaría una “nueva interpretación” de los requisitos de antigüedad establecidos en la Ley, ocurrencia que resultó falsa y que fue lógicamente tumbada por los tribunales.
En ese empeño sorprendente por mantener el nombramiento ilegal, se llegó incluso a intentar cambiar por vía parlamentaria la normativa vulnerada mientras se tramitaba el recurso judicial. Para ello se incluyó, ante la perplejidad de diferentes grupos parlamentarios, una enmienda que eliminaba el requisito de antigüedad para ocupar el cargo anulado aprovechando la tramitación con urgencia en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre permisos de la carrera judicial, sin tener nada que ver con ello.
Junto a la plaza del TSJ de Canarias, el Ministerio de Justicia convoca la cobertura de las Secretarías de Gobierno de La Rioja y de la Comunitat Valenciana, territorio este último donde también debe ser objeto de examen el ajuste legal de determinados cargos de libre designación.
Esperamos que el Ministerio de Dolores Delgado, que aún mantiene en puestos internos a parte del equipo de Rafael Catalá, renuncie a continuar con las prácticas del anterior gabinete, tristemente conocidas en nuestro sector.
Solicitamos al Ministerio de Justicia que haga en lo que queda de legislatura un ejercicio de transparencia, y que, además de cesar a la Secretaria de Gobierno del TSJ de Canarias, aclare las consecuencias que va a tener la resolución judicial, revisando la situación y el ajuste a la legalidad de todos los cargos de libre designación, llevando a cabo los ceses, sustituciones y renovaciones que sean necesarias basándose únicamente en criterios transparentes y auditables públicamente.
SISEJ – septiembre 2018
