Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia SISEJ hemos dirigido a la Sra. Ministra de Justicia una petición para que se estudie y comience con la supresión y transformación democrática de símbolos y disposiciones cuyo origen y sentido fue el enaltecimiento del régimen franquista y que perviven en nuestro ordenamiento jurídico, en el ámbito del Ministerio de Justicia, petición que también reproduciremos con la Dirección General de Memoria Histórica.
En octubre de 2018 el Parlamento Europeo ha aprobado la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2018, sobre el auge de la violencia neofascista en Europa 2018/2869 (RSP). En su apartado 30, la cámara europea de representantes electos aboga por una cultura de la memoria común que rechace los crímenes fascistas del pasado; expresa su profunda preocupación por el hecho de que las generaciones más jóvenes en Europa y en otros lugares se sientan cada vez menos interesadas por la historia del fascismo, y por tanto corran el riesgo de ser indiferentes ante nuevas amenazas.
El Parlamento Europeo ha elaborado y aprobado esta resolución considerando, entre otros hechos, (AA) que el Congreso de los Diputados de España ha aprobado una decisión para exhumar los restos de Francisco Franco y trasladarlos fuera del Valle de los Caídos, conjunto monumental conmemorativo de la guerra y lugar de peregrinación de la extrema derecha; que se debe proceder a la retirada efectiva de todos los demás símbolos o monumentos que exalten el alzamiento militar, la Guerra Civil y la dictadura de Franco, y que aquellos que no puedan ser retirados deben ser objeto de la necesaria contextualización y reinterpretación, de modo que puedan contribuir a la concienciación pública y a la memoria histórica. Además de ello, (21) pide colaboración plena y oportuna entre las fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, el poder judicial y las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el fascismo, el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, instando a los Estados miembros a que (23) proporcionen una formación interna obligatoria, basada en los derechos humanos y orientada al servicio, a los agentes de los cuerpos de seguridad y los funcionarios del sistema judicial, en todos sus niveles.
El Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia SISEJ ha mostrado de modo constante su compromiso con los valores democráticos de la Constitución de 1978, cuyo pleno cumplimiento invocamos también en cuanto a la memoria democrática de nuestro país. En el sector de la administración de justicia española perviven símbolos que tuvieron su origen en la dictadura franquista, y cuyo sentido no fue otro la exaltación de los valores de dicho régimen.
El respeto a los principios constitucionales nos hace considerar inaceptable que el Ministerio de Justicia participe directa o indirectamente en el mantenimiento de símbolos y normas de glorificación del régimen dictatorial franquista. Hoy no hay duda de la naturaleza y falta de legitimidad de dicho régimen, como ya establecía la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 39 (I) de 12 de diciembre de 1946, y las normas y leyes que ensalzaban la creación del estado corporativo fascista no deben seguir vigentes.
Un símbolo que subsiste es la Orden de San Raimundo de Peñafort, cuya regulación legal vigente sigue compuesta por el Decreto de 23 de enero de 1944 (BOE 7.2.1944) y sus normas complementarias (Decreto de 2 de marzo de 1945 (BOE 28.3.45), establece las normas estatutarias de la Orden, Decreto de 9 de enero de 1950 (BOE 21.1.50), por el que se modifican algunas normas reguladoras de la Orden, Decreto de 1 de diciembre de 1966, (24.12.66) limitando a doscientas el número máximo de Grandes Cruces que podrán concederse a los españoles) disposición que crea la Orden y su distinción con la finalidad de ensalzar los valores totalitarios y la concepción del derecho propia de la dictadura fascista implantada en España tras la guerra civil.
A diferencia del ámbito militar, en que por los diferentes Gobiernos democráticos se han ido suprimiendo las condecoraciones vinculadas al régimen franquista, el Ministerio de Justicia sigue manteniendo dicha distinción, pese a ser manifiestamente contraria al principio constitucional que configura España como un estado aconfesional. Se da la circunstancia además de el Arzobispo de Toledo sigue informando las propuestas de concesión de la orden como miembro de la junta de gobierno de la cancillería de la misma.
Además de las disposiciones arriba citadas, conforme a la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre conocida como de Memoria Histórica, la condecoración creada por el Decreto de 23 de enero de 1944, según su tenor literal, claramente expuesto en su preámbulo, constituye un símbolo conmemorativo de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, lo que justifica su retirada por las Administraciones Públicas, sin que sean aplicables las razones de recuerdo privado o de carácter artístico, arquitectónico o artístico-religiosas que dispone el artículo 15.2 de la Ley.
Desde el SISEJ consideramos que esta circunstancia no afecta a la naturaleza de los méritos de las personas y juristas que hayan sido condecoradas durante los distintos gobiernos democráticos, por lo que valoramos como innecesario que la retirada del símbolo tenga efectos retroactivos.
Por todo ello desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia SISEJ solicitamos al Ministerio de Justicia que adopte las siguientes medidas:
1. Que adopte las medidas necesarias para derogar el Decreto de 23 de enero de 1944 y sus normas concordantes, suprimiendo la Orden de San Raimundo de Peñafort como condecoración otorgada por el Ministerio de Justicia.
2. Que la distinción de el Ministerio de Justicia sea sustituida en su caso por una condecoración civil aconfesional y compatible con los valores y principios democráticos constitucionales.
3. Que en todo caso, en el proceso de valoración, informe y otorgamiento de distinciones al mérito en la justicia se excluya la participación del Arzobispo de Toledo o cualquier otro cargo de carácter religioso.
4. Que de acuerdo con la resolución 2018/2869 del Parlamento Europeo, por el Ministerio de Justicia se incluya en el Centro de Estudios Jurídicos y en la Escuela Judicial al menos una actividad formativa, basada en los derechos humanos y orientada al servicio público para funcionarios de todos sus niveles, en los términos del apartado 23 de la resolución.
4. Que por la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, en concreto por la Dirección General de Memoria Histórica se impulse la adopción de estas medidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2.l. del Real Decreto 1044/2018, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales (BOE de 25.08.2018) y se impulse el estudio de los símbolos de exaltación de la dictadura y el ordenamiento jurídico franquista en el sector de la administración de justicia y en el ámbito jurídico público.
