El pasado 25 de febrero la Dirección General de Modernización del Ministerio de Justicia convocó a las organizaciones del Cuerpo de Letrados a una reunión, convocatoria que reiteró el 7 de marzo. A la misma asistieron la Portavoz del SISEJ, Abigail Fernández, y Javier Canal, miembro de la Comisión Ejecutiva. Por parte del Ministerio estuvieron presentes el Secretario de Estado, que la presidió, el Secretario General y la Directora General de Modernización.
A la reunión han decidido no asistir otras dos organizaciones, decisión que respetamos aunque no compartimos, puesto que la situación es exactamente igual que hace unos meses con otro Ministro y otro Secretario General, con la diferencia de que aquel Gobierno, por razón de nuestras opiniones, vetó y expulsó al SISEJ de todas las reuniones que sí se seguían celebrando, vulnerando deliberadamente nuestros derechos colectivos e invalidando el trabajo y acuerdos que se hubieran podido alcanzar en nuestra ausencia.
Precisamente por haber padecido esa discriminación mantenemos nuestra voluntad de diálogo sea cual sea el nivel de diferencia que nos separa y siempre que nuestros interlocutores muestren la misma voluntad.
Desde nuestro punto de vista, mantener abiertas las conversaciones con el Ministerio es la única manera de participar en las decisiones que nos afectan. Además, dadas las noticias de las últimas semanas y el comunicado que emitimos el pasado 22 de febrero, consideramos fundamental trasladar directamente a los responsables ministeriales nuestra absoluta discrepancia.
Lamentablemente, la información que nos ha facilitado el Ministerio se limita a la esperada publicación del Real Decreto de Sustituciones, cuya aprobación ya era pública, la próxima convocatoria de oposiciones y a informarnos de que está pendiente la negociación del reparto del 0,2% de los fondos adicionales en las anualidades de 2018 y 1019, cuestiones, todas ellas, que ya conocíamos.
Por nuestra parte, y entre otras cuestiones, mostramos una oposición frontal a la decisión de la Ministra de repartir exclusivamente entre jueces y fiscales la partida de siete millones de euros destinados a modernización de la Administración de Justicia.
Desde el SISEJ recordamos que la Ministra nos anunció en julio de 2018 su compromiso de repartir esta partida entre todos los cuerpos de Justicia, lo que consideramos un error dado que, por una parte, la modernización de la Justicia es una necesidad ciudadana palmaria, y, por otra, ello no respondía a las necesidades del Cuerpo de Letrados.
En todo caso, no es aceptable la retirada de aquel compromiso ni las circunstancias que envuelven esta decisión, qué lleva a la Ministra a no reflexionar sobre las consecuencias que tendrá ni por qué ni siquiera comparece para intentar justificarlo.
Como servidores públicos nos sonroja el empecinamiento de la Ministra en una cuestión políticamente injustificable y éticamente inaceptable, pretendiendo beneficiar exclusivamente a su propio colectivo profesional.
Desde el Ministerio se nos trasladaron las dificultades que han enfrentado dada la situación del colectivo de Letrados en la mesa de Justicia, donde se sigue poniendo de manifiesto que materialmente, y pese a tenerlo reconocido, no podemos ejercer nuestro derecho a la negociación colectiva de nuestras condiciones profesionales y laborales. Sin embargo, esta situación no es nueva, y los distintos ministerios han trabajado uno tras otro con las mismas condiciones, sin darle una solución a esta discriminación. Por ello, y siendo conscientes de que el equipo actual tomó posesión de sus cargos hace escasamente ocho meses, consideramos de todo punto insuficientes las cuestiones que se nos trasladan como avances: la convocatoria de oposiciones o el reparto de 0,2 % de fondos adicionales en las anualidades de 2018 y 2019, que también se aplican a otros colectivos, la aprobación del Decreto de Sustituciones, largamente esperado pero que incluye elementos que no podemos valorar positivamente, como la limitación a 180 días para el cobro de la sustitución. Frente a ello, continuamos sin un Reglamento que responda a las necesidades actuales, no se ha llegado a convocar el grupo de trabajo de adecuación salarial, no se ha avanzado en la transparencia de las comisiones de servicio y, en definitiva, los Letrados de la Administración de Justicia continuamos sufriendo el menosprecio del Ministerio del que dependemos tras siete años de retrocesos, en los que hemos pasado de empezar a ser valorados como un colectivo de referencia a vernos sumirnos en el abandono.
Por su parte, la Ministra no sólo no reconoce y rectifica su error, sino que ahonda en el mismo. Transcurridos estos ocho meses, consideramos que la Ministra de Justicia ha trabajado con una agenda propia y alejada del interés general.
En estas circunstancias tan opacas resulta muy grave que la Ministra Delgado continúe ocupando su cargo y por ello consideramos que asumir, por una vez, sus responsabilidades y dimitir inmediatamente.
