En relación a las distintas resoluciones y medidas adoptadas en el día de ayer en el ámbito de la Justicia ante la situación generada por el coronavirus, desde el SISEJ queremos manifestar que:
1. Situaciones tan sensibles como la que estamos viviendo requieren extremar la cooperación entre autoridades, organismos e instituciones. El objetivo principal debe ser contener el avance de la enfermedad en términos globales, por lo que la coordinación en la respuesta, sus tiempos y orientación, es fundamental.
Las decisiones o actuaciones individuales, invasivas o que excedan los términos fijados por las autoridades sanitarias no contribuyen a que la acción de la Administración de Justicia, en sentido amplio, sea unívoca y unitaria, lo que en última instancia afecta a los ciudadanos, que perciben no ser considerados como centro y protagonistas de la acción de la Justicia.
Por eso exigimos que coordinación entre las el Ministerio de Justicia, el CGPJ y las CCAA en la toma de decisiones, tomando en consideración las directrices del Ministerio de Sanidad.
Resulta contrario al bien común que personas o instituciones ajenas a las anteriores realicen actuaciones al margen de la coordinación reclamada.
La ampliación de las medidas a situaciones distintas no puede considerarse justificada a día de hoy, y, por tanto, apelamos a un uso responsable de los derechos reconocidos excepcionalmente para garantizar la cobertura del servicio público de la Justicia.
Desde el SISEJ queremos que se garantice el derecho a la salud en la administración de justicia exigiendo la adopción de las medidas oportunas, pero no podemos obviar que somos servidores públicos y, como sucede con los profesionales de la sanidad, tenemos un compromiso con la ciudadanía.
3. Las situaciones inéditas deben ser revisadas de manera crítica para extraer conclusiones que nos permitan avanzar como sociedad. Las restricciones a la movilidad para controlar la expansión del coronavirus han puesto de relieve la necesidad de diseñar y regular el teletrabajo, que no equivale a trabajar a distancia sin más, con o sin un soporte informático.
Más allá de la situación excepcional que vivimos estos días, es patente la necesidad de avanzar en formatos de trabajo distintos que permitan consolidar el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, extendiéndolo y convirtiéndolo en una herramienta de superación de desigualdad entre sexos en el ámbito de los cuidados. Junto a ello, la Administración debería reformular sus procesos de trabajo para ganar eficiencia y eficacia en todos aquellos puestos que así lo permitan sin perjudicar los derechos de la ciudadanía.
Por ello, consideramos que debería abordarse seriamente la posibilidad de teletrabajo en la Administración de Justicia, lo que requiere diseñar las políticas públicas necesarias para considerar todas las implicaciones y cubrir las necesidades técnicas y normativas de esta opción.
En el caso de los Letrados de la Administración de Justicia, esta crisis, pone de manifiesto también la necesidad de superar funciones obsoletas vinculadas a la fe pública, adaptando nuestras funciones a la realidad tecnológica actual para favorecer el trabajo no presencial en situaciones regladas.
