La Opinión de Tenerife.
Después de más de quince horas de negociación, desde la tarde del lunes hasta la tarde de ayer, la negociación que mantienen los sindicatos de Justicia y los representantes de la Consejería de Presidencia ha quedado estancada, pese a que la Administración afirma que "se han acercado posturas". Cuando finalice el día de hoy ya serán casi 15.000 los escritos sin tramitar.
Los sindicatos que integran el comité de huelga (todos los del sector justicia, que son CC OO, CSIF, UGT, Intersindical Canaria y STAJ) y el viceconsejero de Justicia, Francisco Javier Díaz Brito, junto con al directora general de Justicia, Carolina Déniz, reanudaron ayer las negociaciones para lograr frenar la huelga en el sector, que en tres días habrá acumulado unos 15.000 escritos pendientes de tramitar en la Comunidad Autónoma.
La reunión, que finalizó el lunes a la una de la madrugada y continuó ayer a las diez de la mañana, fue dada por zanjada por el viceconsejero sobre las seis de la tarde "tras constatar que no había un avance", según afirmó a este periódico, aunque "con la esperanza de que "se logre una reflexión" en días próximos. No obstante, insistió en que no se ha fijado nueva fecha para reanudar las negociaciones.
Según Díaz Brito, la Consejería estaría dispuesta a abonar un máximo de 348 euros al mes por funcionario, "pero una parte de esa cuantía debe vincularse a objetivos de productividad. No hemos llegado a a un acuerdo acerca de qué cantidad, pero nosotros consideramos que deben ser unos cien euros como mínimo, porque de otra forma, no hay incentivo". Esa productividad se resume, dijo, en varias variables: "que asuman las cargas de los compañeros que estén de baja menos de un mes; que se impliquen en la modernización y aplicación de nuevas tecnologías y el cumplimiento de horarios. Quien no cumpla los horarios no percibiría una parte de ese aumento salarial".
En cuanto al desligue entre complemento específico y plan de actuación que hacen los sindicatos, quienes restan 208 euros de los 348 que oferta la Consejería, porque ya los perciben desde la huelga del año 2000, Díaz Brito recordó que esa partida no está consolidada en nómina, lo que se lograría si aceptan el acuerdo que propone, y que se repartiría en dos anualidades.
Los sindicatos, que han flexibilizado su última petición de 180 euros a 165, afirmaron ayer que no están dispuestos a más rebajas y que Díaz Brito "pervierte la negociación, porque hacemos una huelga por el complemento específico y ahora nos vemos con que estamos negociando una productividad", afirmó María Pita, de CC OO.
Pita dijo "que seguimos sin saber cuál es la oferta real de la Consejería, ni qué plazos propone". Por su parte, el portavoz de UGT, Eduardo Guitián subrayó que los sindicatos ofertaron que el 50% del complemento fuese ligado a la productividad en 2006 y un 77%, en 2007, "pero una vez más nos hemos quedado sin respuestas, por lo que pedimos un interlocutor diferente a Díaz Brito para reanudar la negociación".
Manifestación al Parlamento
Según Guitián, "todo lo que hemos hablado ayer y el lunes son simples hipótesis, ya que no tenemos ninguna cantidad confirmada. No sabemos los parámetros. Se supone que en 2006 nos abonarían 120 euros por el complemento, pero 100 tendrían que ligarse a la productividad, lo que no aceptamos".
La primera manifestación de esta huelga se escuchará y se verá hoy por las calles de la capital tinerfeña, desde las 10 horas en que los funcionarios partirán de los juzgados con destino al Parlamento de Canarias.
La primera manifestación de esta huelga se escuchará y se verá hoy por las calles de la capital tinerfeña, desde las 10 horas en que los funcionarios partirán de los juzgados con destino al Parlamento de Canarias.
La segunda jornada de huelga arrojó porcentajes similares a los del lunes. Mientras la Consejería ha cifrado la media de participación en un 43 por ciento, los sindicatos la sitúan en un 80 por ciento, con una incidencia más elevada en la provincia de Las Palmas que en la de Tenerife. Según la Consejería, en Las Palmas el porcentaje de participación fue del 47% y solo del 39% en Santa Cruz de Tenerife.
Por Islas, la mayor incidencia se registró en Gran Canaria (50%), Tenerife (39%), Lanzarote (35%), La Palma (31%), Fuerteventura (31%) y El Hierro (16%), mientras que en La Gomera, el seguimiento habría sido nulo. Por partidos judiciales, son las dos capitales las que mayor participación registraron con un 54% en Las Palmas y un 46% en Santa Cruz de Tenerife.
