Estatut fortalecerá el TSJC y exigirá a jueces conocer el catalán

Terra.es

La conversión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en última instancia jurisdiccional y la exigencia del catalán a los magistrados son las principales reformas que el nuevo Estatut prevé para la justicia, y también las que más han soliviantado al PP y a las asociaciones conservadoras de jueces.

El Estatut que el próximo 18 de junio se someterá a referéndum consagra a la reforma de la justicia su título III, que fue aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso con el apoyo de todos los grupos, salvo el PP, y con el reproche de ERC por la supresión del conocimiento del catalán como ‘requisito’ para obtener una plaza de magistrado, juez o fiscal en Cataluña.

Pese a que el texto aprobado en el Parlament establecía el catalán como condición imprescindible para acceder a los tribunales de Cataluña, tras su paso por el Congreso el proyecto exige sólo a los jueces y fiscales que acrediten un ‘conocimiento adecuado y suficiente del catalán’.

Esa nueva redacción, que supone un avance para el uso de la lengua propia en los tribunales, dado que el Estatut vigente no hace mención alguna a esa cuestión, levantó ampollas en las asociaciones conservadoras de magistrados y motivó las polémicas declaraciones en que el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, comparó el conocimiento del catalán con el de las sevillanas.

Pero el artículo del nuevo Estatut que más ha molestado al ala derecha de la magistratura, que ven en él el mayor atentado contra la unidad del poder judicial y la independencia de los jueces, es el que convierte al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en la última instancia jurisdiccional.

Si prospera el nuevo Estatut, será el TSJC el encargado de resolver todos los recursos que se planteen en Cataluña en las distintas jurisdicciones -penal, civil, contencioso y social-, de manera que al Tribunal Supremo sólo le quedará reservada la unificación de doctrina.

Las nuevas competencias de que se investirá el TSJC permitirán, en teoría, reducir las demoras que actualmente arrastra el Tribunal Supremo para dictar sentencia firme, y convertirán a su presidente en el representante del poder judicial en Cataluña.

La cabeza visible del poder judicial catalán será, además, la que presida el Consejo de Justicia de Cataluña, nuevo órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, sin embargo, conservará buena parte de sus competencias.

Los cambios en el TSJC y el CGPJ no serán exclusivos de Cataluña, ya que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se está trabajando en las Cortes prevé el fortalecimiento de todos los tribunales de justicia autonómicos y la desconcentración del órgano de gobierno de los jueces.

Con el nuevo Estatut, se multiplicarán además las competencias de la Generalitat, de manera que los funcionarios de la administración de justicia pasarán a depender del gobierno autonómico, que podrá participar en la convocatoria de oposiciones y establecer los requisitos básicos para el acceso, entre ellos la acreditación del conocimiento del catalán.

Con esa nueva potestad, la Generalitat espera reducir la bolsa de 1.500 interinos que desde hace años trabajan sin plaza fija en la administración de justicia en Cataluña, porque el Ministerio no convoca oposiciones, y mejorar en general el servicio que se presta a los ciudadanos.