Las organizaciones de Secretarios Judiciales UPSJ y SISEJ queremos expresar nuestra desautorización y reprobación ante el acto institucional de apertura del año judicial 2013 celebrado en Madrid, y hacer patente ante la opinión pública la protesta del colectivo de Secretarios Judiciales.
Desde que tomó posesión, en diciembre de 2011, el Ministro de Justicia sólo ha recibido a una de las organizaciones de Secretarios Judiciales, la que le es políticamente afín, evitando recibir a las demás y constituyendo un caso único de sectarismo en la historia de nuestra democracia.
Queremos transmitir sobre todo nuestra protesta ante el contenido de las modificaciones legislativas que este Gobierno se está apresurando a tramitar antes de que acabe la legislatura, en concreto, los borradores de Código Procesal Penal y Ley Orgánica del Poder Judicial.
Estos textos, pese a afectar a aspectos fundamentales para la convivencia y el Estado de Derecho, han sido elaborados a puerta cerrada, sin debate público, sin consenso y desde posiciones alejadas de la realidad que en modo alguno responden a la composición plural de la sociedad española.
Si estos borradores llegan a entrar en vigor, los Secretarios Judiciales pasaremos de ser un Cuerpo Superior Jurídico a un Cuerpo auxiliar de cada Juez o Magistrado pese a tener una formación y categoría equivalentes. Así, se nos reserva funciones puramente materiales, como las de lectura en público o transcripción a papel de soportes audiovisuales, que además obedecen a una visión muy desfasada de la justicia, impropia de una sociedad moderna. Del mismo modo, se restringe hasta desvirtuarla toda facultad de dirección procesal de la Oficina Judicial, con lo que se abandona la aspiración a una tramitación homogénea de los procedimientos
Los denominados «expertos» de Gallardón no han sido sino la triste mano ejecutora del sector más inmovilista de la judicatura y el Poder Judicial, sector al que ha sido entregado el ejecutivo en justicia. Este sector, desde el mismo momento en que se firmó el pacto de estado por la justicia y se comenzó la modernización parlamentariamente consensuada, ha tratado de boicotear y frenar la implantación y desarrollo de la oficina judicial, y con ella, la superación de de una administración de justicia anclada en el siglo XIX, desigual en su aplicación, y encaminada a su debilitamiento y desprestigio social.
Por todo ello, las organizaciones UPSJ y SISEJ anunciamos que, si los referidos borradores de LOPJ y CPP comienzan su tramitación parlamentaria con la redacción propuesta, iniciaremos medidas de conflicto laboral en nuestro colectivo ante el momento crítico en que se nos sitúa.
