La Moncloa.es
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que se aplicará a los 2,5 millones de trabajadores de la Administración General del Estado, de todas las Comunidades Autónomas y de todas las Entidades Locales, destinado a convertirse en un pilar esencial para mejorar el funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que se aplicará a los 2,5 millones de trabajadores de la Administración General del Estado, de todas las Comunidades Autónomas y de todas las Entidades Locales, destinado a convertirse en un pilar esencial para mejorar el funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas.
El texto legal, que ha sido negociado con sindicatos, partidos políticos, administraciones autonómicas y locales, y otros agentes sociales, diseña un modelo homogéneo de Función Pública para todas las Administraciones Públicas en el escenario de un Estado descentralizado y compatible con la autonomía de las administraciones territoriales.
El Estatuto Básico, cuyo desarrollo obedece al artículo 149 de la Constitución, estipula que los empleados públicos deberán responder de los resultados de su actuación, para lo que se establece la evaluación objetiva del desempeño como elemento clave y mecanismo de modernización.
El Proyecto determina también las normas aplicables al personal laboral, articulando así, por primera vez, la relación laboral del empleo público. Igualmente, se garantiza la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional, en el conjunto del empleo en el sector público.
El Proyecto de Ley propone, asimismo, la creación de la figura del personal directivo que introducirá un nivel personal y directo a la hora de responsabilizarse de los resultados de la gestión, y que fomentará el dinamismo y la mayor implicación en los objetivos del sector público.
Diez puntos más destacables
Se destacan a continuación los puntos más relevantes de este Estatuto:
- Crea un modelo homogéneo de función pública, un marco básico para todos los empleados públicos en la totalidad del país, al tiempo que respeta las competencias de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para mejorar los servicios públicos que prestan a los ciudadanos.
- Profundiza en el diálogo social, añadiendo la posibilidad de constitución de una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas como órgano de relación permanente entre el sector público.
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- Establece que las retribuciones básicas serán iguales para todas las Administraciones Públicas, mientras que las complementarias serán fijadas por cada Administración, con lo que se logrará una estructura retributiva más acorde y adecuada a la realidad actual. Los factores que compondrán las retribuciones complementarias serán la especial dificultad técnica, la progresión alcanzada en la carrera, el grado de interés, de iniciativa o de esfuerzo.
- Considera la reducción de la temporalidad como un objetivo esencial del nuevo marco laboral de las Administraciones para fomentar el empleo estable y de calidad.
- Garantiza los principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad en el acceso al empleo público.
- Fomenta la profesionalización de la función pública. Para ello articula distintos modelos de carrera y de promoción, horizontal y vertical, además de potenciar la movilidad entre administraciones.
- Precisa que la evaluación del rendimiento será un factor decisivo en la carrera profesional a través de sistemas objetivos y transparentes, pactados con las organizaciones sindicales. Se incentiva a los empleados públicos que logren buenos resultados y se esfuercen. Su continuidad en los puestos dependerá, asimismo, de su rendimiento, desapareciendo la presunción de haber obtenido “un puesto para toda la vida”.
- Moderniza las normas de acceso y los procesos de selección, y apuesta por la profesionalización de los órganos de selección anteponiendo, en su elección, los criterios técnicos a la adscripción política o sindical. La formación (derecho y deber de los empleados públicos) se adaptará permanentemente a los cambios del entorno económico, social y tecnológico.
- Regula los derechos y deberes de los empleados públicos a través de un Código de Conducta. Será de obligada aplicación, independientemente de la Administración para la que se trabaje.
- Recoge cuestiones que forman parte de la realidad social actual, como son el impulso a la igualdad de trato entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia de género así como la tolerancia cero con cualquier tipo de discriminación o la protección ante situaciones especiales.
Proceso de elaboraciónLa elaboración de este Proyecto de Ley ha sido fruto de un gran esfuerzo negociador con partidos políticos, Comunidades Autónomas, entidades locales, agentes sociales y participación ciudadana desarrollado a lo largo del último año y medio.Este proceso concluyó el pasado 28 de junio, cuando el Ministro de Administraciones Públicas obtuvo de los Grupos Parlamentarios Catalán y Vasco en el Congreso el compromiso de ambas formaciones a facilitar la tramitación parlamentaria de la Ley. Previamente, el Ministerio había llegado a un acuerdo similar con ERC.El proyecto se puso en marcha el 16 de septiembre de 2004, cuando se creó la Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empleado Público, que elaboró un informe que fue presentado el 25 de abril de 2005 por el Ministro de Administraciones Públicas. Ése mismo día se publicó en la página web del Ministerio para que todos los ciudadanos interesados lo conociesen y enviasen sus comentarios, al igual que se ha hecho con los borradores posteriores. A través de este canal se han recibido más de 240 aportaciones.A partir de entonces comenzó el debate del Informe en varios foros, todos coordinados desde el Ministerio de Administraciones Públicas. Con las Comunidades Autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial para las Administraciones Públicas, se han mantenido varias reuniones, igual que con la Federación Española de Municipios y Provincias, así como varios encuentros más con otros agentes sociales y políticos.El diálogo con los sindicatos, por su parte, se plasmó el pasado 14 de junio, en el Palacio de La Moncloa, en un acuerdo presidido por el Presidente del Gobierno y en el que participaron el Ministro de Administraciones Públicas y representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CSI-CSIF.
