En los últimos tiempos los operadores jurídicos asisten a un cierto debate sobre la adecuación del nombre asignado al Cuerpo de Secretarios Judiciales. A ello ha contribuido el borrador de LOPJ elaborado por la comisión de expertos en 2012 designada por el Ministro Ruiz-Gallardón, y posteriormente el proyecto de reforma de la misma impulsado por el gabinete del Ministro Rafael Catalá, y que ha sido aprobado en el seno de la comisión de justicia del Congreso de los Diputados.
En ambos textos se propone el cambio de nombre a Letrados, en el primer caso “al servicio de la Administración de Justicia” y posteriormente “de la Administración de Justicia”. En ambas ocasiones se intentó justificar sorprendentemente este cambio por tratarse de una petición corporativa de los Secretarios Judiciales, llegando a ser calificada incluso de “histórica”, pese a ser una denominación ideada en el seno de la citada comisión de expertos, y cuya verdadera justificación está por aclarar.
Lo cierto es que esta propuesta de nombre no ha nacido del consenso, ni del diálogo, ni fue jamás reivindicada en el seno de nuestro colectivo. Como bien saben el Ministro de Justicia y el Secretario General de la Administración de Justicia, desde el SISEJ estamos plenamente dispuestos a abrir un diálogo sobre esta cuestión y a que se tenga en cuenta la opinión de los Secretarios Judiciales, desde las distintas ópticas y sensibilidades que integran nuestro colectivo, al igual que la sociedad española.
Tampoco podemos obviar que el origen de la denominación elegida no se adapta a las funciones que caracterizan al Secretario Judicial, y así lo han puesto de manifiesto diversos informes negativos a los anteproyectos tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Consejo Fiscal y del Tribunal Supremo, y del Consejo General de la Abogacía, como también por quienes consideramos que el Secretario Judicial debe trascender del mero fedatario, asistente o asesor, y asumir funciones directivas propias de un Cuerpo Superior en una administración de justicia moderna.
No obstante, creemos que el cambio de nombre es una cuestión que debe abordarse en la medida en que contribuya a la mejora de la configuración orgánica de nuestro colectivo. Para ello el SISEJ ha mantenido una posición nítida y conocida desde hace años.
La primera vez que surgió una iniciativa para cambiar el nombre del Cuerpo de Secretarios Judiciales, tuvo lugar en el III Congreso del SISEJ, celebrado en Barcelona en enero de 2008. En dicho encuentro el Sindicato de Secretarios Judiciales presentó como conclusión definitiva la propuesta a los poderes públicos de adoptar el nombre de “Director procesal”, acorde con la nueva caracterización y funciones directivas que la reforma de la administración de justicia entonces en marcha atribuía a los Secretarios Judiciales, dejando de ser un simple fedatario y adaptándose así a una administración moderna.
Así, en los encuentros mantenidos en el mes de abril de 2015, de cara a la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial en marcha, el SISEJ ha propuesto enmiendas dirigidas a apoyar un cambio de nombre en el sentido antes dicho, en coherencia con nuestros postulados, y por adaptarse a nuestra caracterización orgánica moderna.
Consideramos que la denominación impuesta por este Ministerio de Justicia no es una elección acertada, y durante el período en que esté vigente generará un nuevo tipo de confusión, aunque sea distinto a aquélla que puede ocasionar el actual nombre.
Finalmente, desde el SISEJ consideramos que el cambio de nombre no es una cuestión central, ni para la configuración del régimen estatutario y laboral de nuestro colectivo, ni para el servicio público a la ciudadanía, aspectos que seguirán sufriendo un atraso y falta de modernización tras la aprobación de la modificación de la LOPJ actualmente en trámite parlamentario.
