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La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Montserrat Comas, negó hoy la existencia de una ‘situación de colapso’ en los 17 juzgados exclusivos de violencia de género, pero sí reconoció que hay ‘sobrecarga’ de trabajo en seis de ellos.
En declaraciones a EFE, Comas señaló que desde el Observatorio se está realizando un seguimiento del funcionamiento de los 435 juzgados especializados o compatibles en violencia sobre la mujer, 17 de ellos con competencias exclusivas, que mañana cumplen un mes desde su entrada en funcionamiento.
La creación de estos juzgados da cumplimiento a la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, que entró en vigor en enero pasado salvo sus títulos relativas al ámbito penal y judicial.
Comas rechazó hablar de ‘colapso o caos’ en los juzgados, pero sí reconoció la existencia de una ‘situación de saturación en algunos’.
Los 17 juzgados exclusivos tramitan todos los asuntos en el mismo día que entran (órdenes de protección, denuncias y juicios rápidos), aunque ‘se está haciendo a costa del sacrificio de secretarios, magistrados y funcionarios, que están prolongando su jornada ordinaria’.
Los seis juzgados exclusivos con mayores problemas son los de Madrid, Barcelona, Sevilla, Palma de Mallorca, Valencia y Alicante; en el País Vasco la entrada de causas es ‘razonable’ y falta por conocer la situación en Canarias.
Para atenuar la carga de trabajo, Madrid y Barcelona contarán en setiembre próximo con un juzgado ‘bis’, los cuales asumirán las causas que entren por la tarde (los juzgados exclusivos sólo operan en horario de mañana).
En octubre, ‘cuando haya cifras significativas y objetivas de los tres meses primeros de entrada de asuntos’, el Observatorio, el Ministerio de Justicia y las CCAA evaluarán las estadísticas y ‘a partir de ahí se adoptarán decisiones políticas en cuanto al aumento de la planta judicial para 2006’.
Tanto Justicia como las ocho CCAA con competencias en este ámbito tienen una ‘total receptividad para resolver los problemas, porque todos estamos empeñados en que la ley salga bien, en beneficio de las víctimas’.
Según Comas, cualquier ley novedosa cuesta tiempo de adaptación e implantación: la Ley Integral contra la Violencia de Género supone una modificación de la organización procesal y ello crea ‘una serie de disfunciones y desajustes’.
Subrayó asimismo que la ley no crea ‘más delincuencia, pero puede ser que al principio -como toda ley cuando entra en vigor- haya generado un efecto llamada’, lo que puede justificar que ‘en los primeros días se hayan producido seguramente más denuncias, pero ya antes había violencia de género’.
El 23 de setiembre, Comas ha convocado una reunión de trabajo con los jueces de los juzgados compatibles de Madrid para abordar los problemas organizativos y jurídicos de aplicación de la ley, y el 30 de setiembre lo hará con los jueces de Barcelona.
La intención de la vocal del Consejo General del Poder Judiciales es mantener este tipo de reuniones con los jueces del resto del país.
Por último se lamentó de que en los juzgados no existan salas de separación entre víctima y agresor, un asunto que se debe solventar y ya se están dando pasos en ese sentido, indicó la vocal.
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