Pese al sempiterno reconocimiento de la esencial y angular función de los letrados de la Administración de Justicia y pese a que los “brotes verdes” de la economía permiten a los distintos ejecutivos pensar en la justa mejora de las condiciones salariales de diversos cuerpos de funcionarios , parece que nunca es el momento para hacer lo propio con las nuestras.
Unas condiciones retributivas que de ninguna manera se corresponden con la cantidad, la responsabilidad y la relevancia de las funciones que nos atribuyendo, fundamentalmente desde el año 2009. Esta situación claramente insostenible a lo largo del tiempo, ha motivado que desde el mes de abril los letrados de la Administración de Justicia hayamos iniciado y sostenido en el tiempo movilizaciones conjuntas, concentrándonos masivamente, como primera medida, ante todas las sedes judiciales.
El cambio de gobierno del pasado mes de mayo supuso, por las más elementales razones de cortesía y ante la necesidad de oír a los nuevos responsables, una pausa en la ruta de movilización emprendida. Sin embargo, pese a las buenas intenciones iniciales, el nuevo equipo ministerial, siguiendo la estela del anterior, y pasados sobradamente los cien días de mandato, no ha dado el más mínimo atisbo de intentar mejorar nuestra situación. Buena muestra de ello es que hoy se celebre una reunión sobre retribuciones con jueces y fiscales (convocada desde hace un mes), y que pese a que así lo hemos solicitado por activa y por pasiva para nosotros, solo hayamos recibido largas y, cuando no, silencio. Entendemos ello, además de como una desconsideración absoluta hacia todos los letrados de la Administración de Justicia, como una evidente declaración de intenciones. La ingente labor y el esfuerzo titánico, en las condiciones por todos conocidas, de los letrados de la Administración de Justicia para con el servicio público de la Justicia no merecen este trato.
Así pues, siguiendo el mandato de los letrados de la Administración de Justicia, que de manera unánime nos han instado a las asociaciones profesionales a poner en marcha medidas de conflicto colectivo, el Colegio Nacional Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), el Sindicato de Letrados (SISEJ) y la Asociación independiente de Letrados (AINLAJ) convocamos a toda la profesión al primero de los paros laborales para el próximo día 7 de noviembre, en las condiciones y con la continuidad que se anunciarán en adelante, y que inexorablemente, y si la situación actual no se revierte de una manera clara, definitiva y sin trampas, desembocarán en una huelga indefinida.
Solicitamos igualmente la comprensión de la ciudadanía y del resto de operadores jurídicos, sabedores de que los paros anunciados supondrán la suspensión de señalamientos y resto de actuaciones judiciales, y, dada la intervención transversal de los letrados de la Administración de Justicia en todo el proceso, la inevitable paralización de la Justicia de este país.
En ningún momento se nos podrá achacar a las asociaciones convocantes precipitación o desconsideración en esta decisión. Durante casi diez años hemos intentado agotar todas las vías de diálogo para conseguir algo que simplemente es de justicia: una mejora en nuestras condiciones laborales, y sobre todo retributivas, manifiestamente discriminatorias y sin paragón con el resto de la Administración Pública española. Pero tras otros tantos años de negativas y de empeoramiento de las mismas, resulta evidente que han sido sobrepasados todos los límites imaginables, por lo que no queda más que defendernos y a través de la unidad de acción de todas las organizaciones de Letrados lo haremos hasta las últimas consecuencias.
