Ante la noticia publicada hoy sobre la crisis provocada por la brecha de seguridad del sistema de comunicaciones judiciales Lexnet el pasado 27 de julio de 2017, conforme a la que el Ministro de Justicia informó en privado a algunos representantes de colectivos profesionales del ámbito de la Justicia más extensamente y contradiciendo la versión oficial que había defendido en su comparecencia ante el Congreso el pasado 31 de agosto, desde el Sindicato de Letrados hacemos las siguientes consideraciones:
El grave incidente del 27 de julio motivó que un mes más tarde el Ministro de Justicia compareciera ante la Comisión de Justicia del Congreso. Desde ese día no ha habido más información oficial del Ministerio al respecto: se desconoce qué motivó la brecha de seguridad, el alcance real de la misma y las actuaciones y decisiones tendentes a evitar otra situación semejante; además, ningún cargo del Ministerio de Justicia ha asumido la responsabilidad por este grave hecho.
Ahora, además, conocemos que el Ministro de Justicia aportó en una reunión privada información que no había trasladado a los representantes ciudadanos en el Congreso de los Diputados. De confirmarse esta noticia, resultaría no sólo que las consecuencias de la brecha de seguridad son mucho mayores de las que admitió el Ministro ante la Comisión de Justicia, sino también que el Ministro oculta a los ciudadanos y a los Letrados de la Administración de Justicia, últimos responsables de las comunicaciones y la protección de datos en las oficinas judiciales, circunstancias sobre las que, al parecer, mantiene reuniones privadas.
Ante esto, queremos expresar que el gobierno de la Justicia no puede ejercerse en ámbitos pseudo privados ni de manera opaca, fuera de los canales preestablecidos de negociación, participación e información de todos los colectivos implicados, y en particular de los que tenemos competencias al respecto.
Habiendo transcurrido más de tres meses del fallo de seguridad y más de dos desde la comparecencia del Ministro en el Congreso, consideramos que el Ministerio de Justicia ha tenido tiempo más que suficiente para informar públicamente de las circunstancias que rodearon dicho fallo de seguridad y de la gestión de su gabinete ante la misma.
Continuamos denunciando la falta de previsión, la improvisación, la ausencia de planificación y de políticas públicas adecuadas por parte del Ministerio, en cuanto al gobierno de la Justicia en general y en el ámbito tecnológico, del que por otra parte, hace bandera, en particular. Defendemos que la Administración de Justicia se organice de manera que el servicio público que presta tenga la calidad exigible en la sociedad contemporánea, pero entendemos que los hechos conocidos hoy trascienden la adecuación tecnológica de Lexnet o no como herramienta en las oficinas judiciales.
En su momento ya exigimos la asunción de responsabilidades por parte del Ministerio, que a día de hoy no se han producido. El Ministro de Justicia debe hoy una explicación pública inmediata y rigurosa, pero considerando su trayectoria al frente de la cartera de Justicia, entendemos que se ha demostrado inadecuado para el cargo y reclamamos su cese inmediato.
