Ante la proximidad del debate de investidura en el Congreso de los Diputados que determinará el gobierno de España, desde el Sindicato de Letrados – SISEJ queremos posicionarnos con relación al rumbo del Ministerio de Justicia en los próximos cuatro años. Para ello hemos dirigido una carta a quien con toda probabilidad será investido Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Secretario General del PSOE y a Pablo Iglesias, Secretario General de Podemos, así como al resto de dirigentes de los principales Grupos Parlamentarios, centrada en los siguientes puntos:
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Necesidad de un establecer Gobierno estable y comprometido con los derechos de la ciudadanía para dirigir la acción ejecutiva en la XIII Legislatura. El Grupo Parlamentario Socialista, mayoritario, reúne a 123 miembros; las negociaciones con otros Grupos, singularmente Unidas Podemos con 42 miembros, deben garantizar la estabilidad del Gobierno que resulte. Las últimas legislaturas no han llegado a agotarse, con el ejemplo paradigmático de la décima, y los apoyos parlamentarios han sido variables, lo que ha dificultado la acción de gobierno e impidiendo planificar políticas de Estado a largo plazo.
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En el ámbito de la Justicia es prioritario recuperar el espíritu de consenso parlamentario que hizo posible las reformas legislativas de los años 2003, 2009 y 2011. El fracaso de la Subcomisión de Estrategia Nacional de Justicia y las legítimas discrepancias ideológicas no pueden excusar la búsqueda de los acuerdos que permitan construir una Justicia orientada a los ciudadanos y capaz de satisfacer las necesidades sociales, por lo que reclamamos a todos los Grupos responsabilidad de Estado para la consecución de objetivos concretos.
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Resulta urgente configurar en el Ministerio de Justicia un equipo con experiencia y capacidad para acometer la modernización estructural de la Administración de Justicia. Reclamamos que quien ocupe la cartera de Justicia tenga un perfil contrastado, capacidad de gestión acreditada y apueste por políticas públicas definidas, estableciendo tanto objetivos claros como los mecanismos para llevarlos a cabo, con un presupuesto económico adecuado.
El equipo ministerial debe presentar un conocimiento global del mundo de la Justicia y ser capaz de ejecutar eficazmente una planificación modernizadora.
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Entre los aspectos inaplazables en esta Legislatura consideramos:
1. Lograr un Pacto de Estado por la Modernización de la Justicia que permita diseñar una Justicia orientada a la ciudadanía
2. Reorganización de la Administración de Justicia a través de la implantación de Tribunales de Instancia, la creación de Tribunales de Base y Ejecución y el fortalecimiento de los Servicios Comunes procesales, revisando el modelo de 2009
3. Reforma del sistema de acceso a los Cuerpos Superiores de Justicia
4. Adaptación de la legislación procesal a la realidad tecnológica
5. Aumento de la cooperación entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas.
6. Profundización en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con especial atención a las estructuras, protocolos y formación del personal de Justicia
7. Implantación de una oferta general, pública y estructurada de mecanismos adecuados de resolución de conflictos, así como de sistemas homogéneos de derivación a centros públicos de mediación, conciliación y otros mecanismos, mediante la colegiación de esfuerzos y dando participación al ámbito municipal
8. Desarrollo de programas de Justicia restaurativa y de políticas de protección a la víctima
9. Aprobación de un Código Procesal Penal que sustituya a la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
Barcelona, 3 de junio de 2019
Comisión Ejecutiva del SISEJ
