Ante la noticia del preacuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos para formar un Gobierno progresista de coalición para la XIV Legislatura, desde el Sindicato de Letrados – SISEJ valoramos positivamente las negociaciones y confiamos en que, dada la experiencia de los últimos meses y a la vista del resultado de las elecciones del diez de noviembre, éstas fructifiquen y permitan la formación de un Gobierno estable que cuente con el respaldo suficiente para desarrollar la acción que le es propia.
Compartimos las metas del preacuerdo (situar a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa, y el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de la acción de gobierno) y, sin perjuicio de la valoración que podamos hacer de los detalles que se hagan públicos en los próximos días, secundamos los ejes prioritarios de actuación del Gobierno progresista de coalición que resulte.
Tras las elecciones del 28 de abril, desde el SISEJ trasladamos a todos los dirigentes de los principales Grupos Parlamentarios nuestra preocupación porque se estableciera un Gobierno estable y comprometido con los derechos de la ciudadanía. Lamentablemente, la no formación de Gobierno solo ha aumentado la urgencia y necesidad de superar este tiempo intermedio, en el que no se ha podido diseñar ni planificar la acción ejecutiva.
En el ámbito de la Justicia es prioritario recuperar el consenso parlamentario que permitió las reformas legislativas de los años 2003, 2009 y 2011. Las legítimas discrepancias ideológicas no puede excusar la búsqueda de los acuerdos que permitan construir una Justicia orientada a los ciudadanos y capaz de satisfacer las necesidades sociales, en la línea que recoge el eje segundo del preacuerdo. Reclamamos a todos los Grupos responsabilidad de Estado para la consecución de objetivos concretos en beneficio de la sociedad.
Asimismo, reclamamos que en el Ministerio de Justicia se constituya un equipo con experiencia y capacidad para acometer la modernización estructural de la Administración de Justicia, y que quien ocupe la cartera de Justicia tenga un perfil contrastado, capacidad de gestión acreditada y apueste por políticas públicas definidas, estableciendo tanto objetivos claros como los mecanismos para llevarlos a cabo, con un presupuesto adecuado.
Consideramos que en esta Legislatura son objetivos inaplazables:
1. Lograr un Pacto de Estado por la Modernización de la Justicia que permita diseñar una Justicia orientada a la ciudadanía
2. Reorganizar la Administración de Justicia a través de la implantación de Tribunales de Instancia, la creación de Tribunales de Base y Ejecución y el fortalecimiento de los Servicios Comunes procesales, revisando el modelo de 2009
3. Reformar el sistema de acceso a los Cuerpos Superiores de Justicia
4. Adaptar la legislación procesal a la realidad tecnológica
5. Aumentar la cooperación entre el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas.
6. Profundizar en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, con especial atención a las estructuras, protocolos y formación del personal de Justicia
7. Implantar una oferta general, pública y estructurada de mecanismos adecuados de resolución de conflictos, así como de sistemas homogéneos de derivación a centros públicos de mediación, conciliación y otros mecanismos, mediante la colegiación de esfuerzos y dando participación al ámbito municipal
8. Desarrollar programas de Justicia restaurativa y políticas de protección a la víctima
9. Aprobar un Código Procesal Penal que sustituya a la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882 y diseñar la estructura judicial que lo acoja y permita su aplicación adecuada.
Barcelona, 12 de noviembre de 2019
Comisión Ejecutiva del SISEJ
