Ante la concesión de la libertad provisional bajo fianza a los condenados en el caso conocido como de “la manada”, desde el Sindicato de Letrados (SISEJ) queremos hacer las siguientes consideraciones:
1.- Los tribunales deben interpretar las normas con perspectiva social y de género, y decidir cómo dar la mejor respuesta posible al quebranto de la convivencia que supone cualquier infracción, máxime si se trata de delitos. En otro caso no cumplen la que posiblemente sea la más importante de sus funciones: canalizar adecuadamente la respuesta social ante actos que alteran dicha convivencia.
2.- Esto no implica que los tribunales deban validar condenas populares, con consecuencias terriblemente peligrosas. Tampoco, por supuesto, que deban regirse por sentimientos o valores morales en lugar de por normas jurídicas; pero sí que la legitimidad jurídica y judicial precisan de un alto grado de legitimidad social.
3.- Las normas jurídicas existen para servir a la sociedad, y tanto ellas como sus interpretaciones sólo tienen sentido en esa medida. Si no son capaces de dar una respuesta apropiada a las necesidades sociales todo el sistema pierde su sentido y deja de ser útil y legítimo.
En este caso numerosas voces del ámbito jurídico han puesto de manifiesto que las interpretaciones contenidas en la sentencia, en el voto particular a la misma y en el auto de libertad provisional bajo fianza eran sólo algunas de las posibles. Curiosamente, las menos inteligibles para la mayoría de la sociedad.
4.- Debemos reflexionar además sobre la respuesta penal a los delitos, su utilidad y fines: ¿Protege a la víctima? ¿Repara el daño? ¿Evita nuevos daños? ¿Mejora la sociedad? ¿La protege mejor?
Un discurso estrictamente punitivo no cumple ninguna de estas funciones y abandona, antes que a nadie, a la víctima, a su entorno y en último término al conjunto de la sociedad. Alentar propuestas de este tipo (aumento de penas en general sin actuaciones sociales y educativas correlativas, como el mismo discurso justificador de la necesidad de la prisión permanente revisable) desde círculos políticos y mediáticos resulta enormemente irresponsable y maniqueo.
5.- La desazón ante determinadas decisiones judiciales se ve además acentuada cuando, al ponerlas en relación con otras, se ponen de manifiesto los diferentes tratamientos que pueden recibir delitos de diversa índole, cuando las condenas o las medidas cautelares impuestas no parecen guardar proporcionalidad entre sí.
Nos referimos a casos mediáticos de distinto tipo, que van desde cuestionamientos a las libertades de expresión o de información a casos de corrupción, pasando por cuestiones de tipo político o que se han relacionado con terrorismo.
La lógica que lo sostiene es que jueces y tribunales son independientes en el ejercicio de la función jurisdiccional. Sin embargo, los profesionales de la Justicia debemos ser autocríticos y reflexionar sobre las consecuencias que se pueden generar.
6.- En este caso la respuesta social mayoritaria está siendo empática y solidaria con una víctima que continuamente está siendo revictimizada a causa de ataques públicos y privados intolerables. Esta mayoría social va muy por delante de la Justicia en éste como en otros temas, afortunadamente menos graves.
Esta situación no será sostenible durante mucho tiempo si la Justicia no se hace permeable y próxima a la sociedad, lo que requiere un cambio de mentalidad que pasa por una transformación sustancial de los sistemas de selección y formación de los colectivos profesionales a su servicio.
7.- Por último, desde el SISEJ queremos transmitir toda nuestra solidaridad y apoyo a la víctima, y ofrecerle nuestra voluntad de cambio para conseguir una Administración de Justicia capaz de ofrecer respuestas a toda la sociedad.
