Hoy, 21 de junio, ha tenido lugar la esperada dimisión del Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, a consecuencia de haber realizado viajes cuyo carácter oficial no ha acreditado con cargo al presupuesto del Consejo. Llegado el desenlace de esta crisis institucional, el Sindicato de Secretarios Judiciales emite la siguiente valoración:
1.- Sin olvidar la gravedad de las acciones del Sr. Dívar, no hay que dejar de lado la reacción de otros cargos institucionales: en primer lugar, la de la mayoría de los vocales del Consejo, que en un primer momento juzgaron con mayor severidad la denuncia pública de los hechos, por parte del vocal Sr. Gómez Benitez, que los propios hechos objeto de tal denuncia, así como las manifestaciones del Pleno el pasado sábado donde valoraron que la «dignidad institucional» del CGPJ se salvaguardaba manteniendo al Presidente justo antes de los actos del bicentenario del Tribunal Supremo.
En segundo lugar, queremos recordar la sorprendente respuesta del Ministro de Justicia, que ante el Decreto por el que la Fiscalía decidía el archivo de la denuncia manifestó que la institución había salido fortalecida de esta situación.
2.- Esta situación denota que el Consejo, como órgano de gobierno del Poder Judicial, actuó guiado principalmente por criterios corporativos ejerciendo una férrea defensa de la institución y las personas que la integran sean cuáles sean sus actuaciones.
Debemos señalar que acuerdos como el de 1996, invocado por la Fiscalía, en virtud del cual las justificaciones de los viajes se realizan sin necesidad de hacer constar el motivo concreto de la actividad que provoca el desplazamiento, favorecen comportamientos poco transparentes e incompatibles con el correcto desempeño de cualquier actividad con cargo al erario público, porque hay que recordar que el el CGPJ lo pagan todos los ciudadanos.
3.- Por tanto, y aún considerando que el sistema de elección de vocales no es el adecuado, entendemos que el anuncio de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que sean los propios jueces, y no el Parlamento, quienes directamente elijan a los doce de los veinte vocales del Consejo, lejos de profundizar en el sutil vínculo democrático que unía éste con la soberanía nacional de la que emana, provocará un CGPJ más corporativo y por tanto, aún más opaco y alejado de todo control democrático.
Así, consideramos que el llamado «Caso Dívar» afecta a mucho más que al sr. Dívar: afecta al propio modelo que incluye al Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de este Poder del Estado, con las funciones que tiene atribuidas, las actuaciones que lleva a cabo, el sistema de elección de sus miembros y la ausencia de controles ciudadanos sobre el mismo.
Se por tanto hace necesaria una profunda reflexión sobre su estructura, funcionamiento, competencias, aumento de la transparencia en el ejercicio de sus funciones y el gasto de sus recursos, y por supuesto como articular la debida participación de la ciudadanía en un poder que emana del pueblo.
