Ante la reprobación, en la tarde de ayer, del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, y el Fiscal Jefe Anticorrupción, Manuel Moix, desde el SISEJ queremos expresar nuestra indignación y preocupación por el descrédito que la actuación de los mismos conlleva para la acción de la Justicia y la falta de responsabilidad política e institucional que se colige de sus actuaciones e intervenciones públicas.
Resulta inasumible que ante la gravedad de los casos de corrupción que continúan sacudiendo la vida pública la respuesta del titular de la cartera de Justicia y de la cúpula de la Fiscalía española (Consejo Fiscal incluido en cuanto la mayoría de sus integrantes amparan su actuación) sea que son ejemplo de transparencia por comparecer ante las Cortes, obviando que no lo han hecho motu propio ni las circunstancias que han motivado que distintos grupos parlamentarios tuvieran que solicitarlo; vergonzosa su irresponsabilidad cuando las sombras en su gestión son tan pronunciadas; y lamentables los intentos de culpabilizar a quienes hacen públicas sus maniobras y de señalar a quienes les exigen rendir cuentas en el legítimo y necesario ejercicio del control democrático de los poderes del Estado.
En la Administración de Justicia, y en particular en el colectivo de Letrados al servicio de la misma, asistimos en los últimos años con perplejidad e indignación a reformas legales que amparan el nombramiento por pura afinidad y sin sometimiento a criterios de mérito y capacidad de cargos como el de Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo; nombramientos de cargos jerárquicos como Secretarios de Gobierno autonómicos y Coordinadores provinciales que no cumplen los requisitos legal y reglamentariamente establecidos, o bien sin convocar los procedimientos públicos y transparentes imprescindibles para su cobertura, o mantenimiento en su puesto de vocales del Consejo del Secretariado que no reúnen los requisitos para permanecer en dichos cargos.
Difícilmente la lucha contra la corrupción puede desarrollarse en un escenario tan opaco y carente de las garantías mínimas incluso en la cobertura de plazas tan relevantes como las señaladas. Y la Administración de Justicia difícilmente puede ganarse la confianza de la sociedad española, por más que nos esforcemos la mayoría de quienes trabajamos en ella, cuando sistemáticamente se conocen hechos que la ponen en entredicho.
Por ello, el SISEJ consideramos democráticamente oportuna la reprobación del Ministro de Justicia, el Fiscal General del Estado y el Fiscal Jefe Anticorrupción que el Congreso aprobó la tarde de ayer, lamentamos enormemente la situación a la que los mismos están arrastrando a la Administración de Justicia y nos sumamos a quienes públicamente reclaman que reconsideren su decisión de continuar detentando sus cargos.
