El martes 10 de abril, han sido presentados los presupuestos del Ministerio de Justicia para 2012, en el marco presupuestario estatal para este año. En una presentación escasa en detalles, el Ministerio admite un recorte del 6’34 % en su dotación inicial y en términos globales, recorte que se centra en el capítulo de inversiones donde se reduce la dotación en más de 70 millones de euros.
El SISEJ frente a quienes mantienen el silencio o la aceptación acrítica de esta situación, quiere poner de manifiesto su oposición a los criterios adoptados por el Ministerio.
En primer lugar, y más allá del copago establecido para las personas físicas en la tasa judicial, respecto a la que el SISEJ ya manifestó su oposición, con este presupuesto se continúa y se agrava la línea de recorte presupuestario en la Administración de Justicia iniciada en 2011, como se puede deducir de los presupuestos ministeriales y su desglose correspondientes a los ejercicios 2010 y 2011 y que invitamos a consultar.
En segundo lugar, consideramos escaso y deficiente el desglose de las partidas presupuestarias, en ocasiones ambiguo. Así, la dotación relativa a las inversiones en modernización, con 94,62 millones de euros, se divide en 34,32 millones para construcción y mantenimiento de edificios judiciales, y 60,30 millones en una partida para «modernización tecnológica», e integrada por cuatro conceptos sin asignación concreta (Celeridad en la resolución de conflictos. Gestión informatizada, Interoperabilidad en la gestión procesal, Creación de estándares tecnológicos comunes, y Registro Civil) pero que constituyen el único capítulo en gastos de inversión y que deberían ser explicados a la opinión pública.
El presupuesto presentado declara como referencias generales la estabilidad presupuestaria, la reducción del déficit público, o las reformas estructurales, por encima de la satisfacción del ciudadano en la prestación de un servicio de calidad. De hecho, los ciudadanos, verdaderos destinatarios del servicio público de la justicia, no son mencionados más que en una ocasión, mientras que sí señala como uno de los objetivos el de generar confianza en «los diversos ámbitos de decisión».
Pero uno de los aspectos que más preocupa al SISEJ es el anuncio del Ministerio de Justicia de no convocar oposiciones en la administración de justicia, existiendo una interinidad endémica en la justicia española, especialmente agravada en Canarias o Catalunya. Es sin duda un ataque más a un servicio público, que en demasiadas ocasiones pasa desapercibido frente a otros tan o más importantes que la justicia. Desde el SISEJ reclamaremos al Ministerio de Justicia una respuesta nítida sobre la convocatoria de oposiciones, específicamente respecto al Cuerpo de Secretarios Judiciales.
En definitiva, desde el SISEJ mostramos nuestra preocupación ante un recorte más en otro servicio público, el de la administración de justicia, que no está en la lógica de la mejora de la calidad del servicio a prestar a los ciudadanos, sino de objetivos macroeconómicos de estabilidad presupuestaria y reducción del déficit por la vía de la disminución del gasto público.
