La mesa sobre nuevas tecnologías contó con la intervención de tres componentes que pusieron de manifiesto la imparable transformación que se ha operado en el mundo jurídico merced a la incorporación de las nuevas tecnologías y los retos que deberán afrontarse en el futuro.
José de la Mata, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 5, disertó sobre las políticas públicas que deberían ponerse en marcha ante la pretendida reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgaría a los fiscales la instrucción de las causas penales, en detrimento del actual modelo de jueces de instrucción. Pone como ejemplo de modelo exitoso el caso de Chile, país en el que la implantación de la instrucción por el fiscal se desarrolló durante 15.
Una primera evidencia es que se trata de una reforma procesal gigantesca, que requiere un esfuerzo mancomunado y transversal, que involucra a los tres poderes del Estado así como al sector privado, y que implica una primera fase de preparación para diagnosticar, organizar, comunicar y gestionar el cambio.
Según de la Mata el marco estratégico de la reforma abarca tres aspectos:
- La arquitectura institucional, que conlleva la creación de órganos interinstitucionales de coordinación y dirección de la reforma, de equipos técnicos institucionales y de secretarías técnicas específicas.
- La estrategia de transición, que no debe orientarse únicamente a la implantación del Código Procesal Penal, sino a la determinación de la carga pendiente y su reparto, mediante estrategias específicas de descarga de liquidación y de carga cero.
- La estrategia de implementación, en sus vertientes normativa, de organización, gestión y operatividad, de tecnología y medios y de modelo relacional.
Como conclusión, reseño que la reforma procesal penal no se agota en la redacción del nuevo Código Procesal Penal, sino que es un asunto de políticas publicas, que exige un diseño normativo global.
Juan Manuel Alcoceba, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Carlos III, expuso sobre las nuevas tecnologías en la investigación penal, en una reflexión sobre la política criminal y el efecto de las nuevas tecnologías.
Empezó destacando la paradoja existente entre el inmovilismo de laAdministración de Justicia y las innovaciones tecnológicas, que han supuesto un cambio en la forma de trabajar. Por otra parte, las ciencias de la computación hacen que se plante la predictibilidad de la justicia, es decir, la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda predecir las resoluciones judiciales. Ello está modificando la intervención punitiva, en sus dimensiones metodológica (nuevas herramientas), teleológica y legitimadora (presupuestos de la intervención penal).
¿Cómo se ha llevado a cabo esta transformación?
En una primera fase, desde finales del siglo XX la criminalidad tradicional basada en delitos de resultado deja de ser tan importante en las políticas criminales non favor de los delitos asociativos de peligro abstracto. Las técnicas de investigación tecnológica encargadas, en principio, a los servicios de inteligencia, se normalizan en la instrucción penal; se introducen sistemas de vigilancia masiva y la investigación reactiva pasa a ser productiva (antes de tener constancia de los hechos delictivos). Los estados crean grandes bases de datos de carácter nacional para hacer acopio de información.
En una segunda fase se produce la irrupción del big data y el machine learning, con una finalidad productiva de la comisión de delitos, clasificando a ciertos lugares o personas como de riesgo. Aquí se produce la transformación teleológica, pues el fin del derecho penal no es ya la averiguación y el castigo de los delitos, sino la prevención proactiva, a un modelo de justicia anticipativa.
Esto supone problemas de índole teórico, tanto de derecho sustantivo como procesal, y práctico, como el sesgo que puede llevar incorporado el sistema y su fiabilidad a la hora de determinar, por ejemplo, el momento en que se genera la responsabilidad penal o la imposibilidad de comprobación por interrupción del nexo causal.
A pesar de todo, concluyó en que el proceso es imparable.
Por último, la intervención de José Manuel Beiro, Letrado de la Administración de Justicia y miembro del área de comunicación del SISE, versó sobre los retos tecnológicos que se le presentan a la administración de Justicia española en la tercera década de este siglo, que divide en varios bloques temáticos:
- Generalización de la automatización informática.
- Tratamiento de datos en archivos de naturaleza audiovisual
- Gestión pública masiva de datos judiciales.
- Asistencia de software dotado con sistemas de aprendizaje automático o inteligencia artificial.
- Exploración de posibilidades de interfaz humano – computadora (CIH).
Por el interés de esta ponencia y la dificultad de resumirla en pocas líneas, proporcionamos el enlace al blog Pensamiento Crítico, donde puede ser consultada en su integridad, lo que recomendamos encarecidamente.
