La Oficina del Defensor del Pueblo ha comunicado al SISEJ la admisión e inicio de investigaciones respecto a la solicitud que formulamos el pasado mes de marzo, relativa a la privación deliberada de interlocución profesional de nuestra organización que el Ministerio de Justicia llevó a cabo el pasado 20 de noviembre.
Recordemos que el actual equipo ministerial decidió entonces, de modo súbito, sin previa comunicación ni justificación, excluir de todas las reuniones a una organización de Letrados de la Administración de Justicia legalmente constituida, el SISEJ, al que había venido convocando desde nuestra constitución.
Posteriormente, desde el gabinete de Rafael Catalá se elaboró una argumentación ad hoc basada en que en esa fecha se dio cuenta de que nuestra organización tiene “forma” sindical y no asociativa, argumento apresurado y manifiestamente inidóneo, tanto en cuanto a los hechos (tres de las cuatro organizaciones de Letrados compartimos idéntica forma sindical) como en cuanto al fondo (la naturaleza y contenido del derecho de asociación y el de libertad sindical).
En nuestro colectivo, sin embargo, es ampliamente conocido que la exclusión del SISEJ obedece como única motivación a la represalia por manifestar opiniones críticas frente a la gestión del actual Ministerio de Justicia.
Las circunstancias y características del insólito veto al SISEJ por el actual equipo ministerial también han despertado el interés de diferentes grupos parlamentarios del Congreso de Los Diputados y el Senado (Grupo Parlamentario Socialista, Unidos Podemos-En Comú Podem–En Marea, Ciudadanos) que han dirigido interpelaciones y preguntas al Gobierno en las Cortes Generales, obteniendo del mismo varias respuestas del todo insuficientes.
Desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia valoramos esta decisión ministerial como el ataque y violación de derechos más grave realizado a un colectivo profesional del sector justicia en toda la historia de la democracia española. En un régimen democrático tener determinada afiliación profesional o manifestar determinadas opiniones no debería ser objeto de represión. Por ello seguimos trabajando para la restitución de derechos y la exigencia de responsabilidades en este conflicto que, sin duda, ganaremos.
