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Los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, reacios en su mayoría a acabar con el callejero franquista que aún domina centenares de pueblos y ciudades españolas, pueden estar tranquilos. A pesar de que el Gobierno anunció que la ley de la memoria histórica llevaría una recomendación a municipios y comunidades para que eliminaran la simbología franquista de sus calles y plazas, este texto fue retirado a última hora del artículo 17 del proyecto de ley. El Gobierno argumenta que la recomendación no tenía valor jurídico, mientras ERC e IU-ICV presentarán enmiendas a la totalidad.
El artículo 17 del proyecto de ley de la memoria histórica es el que se refiere a los símbolos franquistas, que aún hoy perduran y generan intensas polémicas locales. Le sigue un artículo específico para el Valle de los Caídos, el panteón del dictador y del héroe falangista José Antonio Primo de Rivera.
El texto finalmente redactado y entregado en el Congreso dice así: "Los órganos que tengan atribuida la titularidad o conservación de los monumentos, edificios y lugares de titularidad estatal, tomarán las medidas oportunas para la retirada de los escudos, insignias, placas y otras menciones conmemorativas de la Guerra Civil existentes en los mismos, cuando exalten a uno sólo de los bandos enfrentados en ella o se identifiquen con el régimen instaurado en España a su término".
Y prosigue: "Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas u otras de interés general que lo hagan improcedente. En estos casos, podrá considerarse, de acuerdo con las circunstancias, la forma de dar testimonio de homenaje y recuerdo a todas las víctimas de la Guerra Civil". A este párrafo le seguía, hasta la noche del jueves previo al Consejo de Ministros del pasado 28 de julio, un texto que "recomendaba" a los ayuntamientos y comunidades autónomas que, dentro de sus competencias, siguieran los preceptos de la primera parte del artículo, los que se refieren a los monumentos estatales.
Recomendación sin valor
La retirada a última hora se produjo, según un portavoz del Gobierno, porque quienes daban los últimos retoques a la norma antes de que fuera al Consejo de Ministros "entendieron que no tenía mucho sentido esa recomendación genérica sin un valor jurídico real. Se analizó que la opción tenía que ser entre obligar a los ayuntamientos a retirar todo callejero y símbolos franquistas, algo que nunca se planteó el Gobierno porque no quiere conflictos con los municipios, u obviar por completo la recomendación", añade el portavoz. Al final, se optó por esta última. "En cualquier caso, la ley pasa ahora al Congreso, donde los grupos podrán proponer las modificaciones que estimen oportunas y habrá una negociación política", prosigue el portavoz.
El Ejecutivo admite que fue a última hora cuando se quitó esta recomendación, que había sido anunciada por la propia vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, el día anterior. El Ejecutivo no dio cuenta de este cambio de última hora en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, donde no entregó la ley, sino un resumen. El Ejecutivo recuerda que en su ámbito de competencias la ley sí es tajante y se va a proceder a la eliminación de todos los símbolos, incluidos los que persisten en numerosas instalaciones militares.
La argumentación del Gobierno indigna al coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. "Han renunciado a las dos cosas más importantes: la desnazificación, por llamarla así, esto es, la eliminación de todos los símbolos que aún hoy honran a la dictadura fascista, especialmente en las calles y las iglesias de los pueblos; y la reivindicación de los demócratas: la condena y revisión del franquismo".
