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El Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, Bernardo del Rosal, afirmó este jueves ser "relativamente escéptico" en torno a la privatización de los programas de consultoría y asesoramiento a los juzgados de Menores y Familia, ya que, en su opinión, "la naturaleza del servicio que se tiene que prestar en muchas ocasiones es muy difícil someterla a las reglas del mercado".
Tras la presentación de las Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, que se celebrarán en Alicante la semana que viene, a preguntas de los periodistas Bernardo del Rosal comentó que su "experiencia en el Síndic" le hace ser "relativamente escéptico frente a los fenómenos de privatización de los servicios sociales".
Al respecto, aclaró que cuando la Administración privatiza un servicio lo "saca a concurrencia pública para que la empresa que haga la mejor oferta gestione ese servicio, y en algunos ámbitos, esto ha propiciado que empresas sin experiencia en el sector gestionen servicios con criterios economicistas que no siempre son siempre son los únicos que deben de prevalecer en la gestión de estos servicios".
Así, puntualizó que no dice "que no haya que tener en cuenta los criterios económicos, porque los recursos son limitados, pero hay ocasiones en los que empresas del sector maderero, como tienen las espaldas muy anchas desde el punto de vista financiero, concurren a estos concursos para gestionar servicios".
Estas empresas privadas, según añadió, "en muchas ocasiones cogen personal que no es el más adecuado, que tienen unas condiciones de trabajo que no garantizan la tranquilidad para desarrollar su trabajo".
Además, "en muchas ocasiones estas empresas desplazan a organizaciones que llevan años y con muchas garantías dando un servicio, pero que no son capaces de competir en un concurso público con estos sectores".
No obstante, respecto a la iniciativa de la Generalitat Valenciana de privatizar este servicio, Bernardo del Rosal manifestó que no tiene "nada que decir ahora mismo", según dijo, "si es verdad que esa nueva fórmula de gestión va a ser capaz de dar agilidad a los informes de los equipos técnicos de los menores, y va a ser capaz de que estos servicios funcionen con más rapidez y competencia".
El Síndic de Greuges consideró además que la privatización "no es en sí buena o mala, lo que pasa es que con la excusa de la privatización se puede producir una dejación de las funciones que competen a la Administración".
De este modo, "en Servicios Sociales nosotros hemos visto muchas veces que privatización significa no inspección, no control, porque el que tiene que inspeccionar es el ayuntamiento o la Conselleria, y si no se les controla muy de cerca, pueden dar lugar a situaciones en las que enfermos mentales o ancianos son maltratados"