El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha declarado en sede parlamentaria el pasado 24 de marzo con ocasión de una interpelación ante el Pleno del Senado, que “los secretarios judiciales no quieren llevar el Registro Civil”. También ha afirmado que se está “trabajando” con los secretarios judiciales sobre cuál es “la mejor manera de organizar ese servicio”.
Desde el Sindicato de Secretarios Judiciales queremos desmentir ambas afirmaciones y manifestar públicamente que lo declarado por el Ministro ante el pleno del Senado no es verdad, al menos en lo que se refiere a nuestra organización.
Al igual que la opinión pública y todo el sector justicia, el Ministerio conoce perfectamente la postura del SISEJ en defensa de un Registro Civil público y gratuito, respecto al que hemos manifestado reiteradamente la plena disposición y capacidad del Cuerpo de Secretarios Judiciales para asumir su dirección.
Además, en este período el Ministerio de Justicia sólo ha mantenido dos reuniones, puramente institucionales, con el SISEJ: una con el Ministro el 7 de noviembre de 2014, y otra el 3 de diciembre con el Secretario General de la Administración de Justicia. En ninguna de ellas se trabajó con nosotros respecto al Registro Civil, ni se ha mantenido posteriormente a ellas ningún otro contacto o proporcionado la menor información sobre esta materia, cuya opacidad consideramos escandalosa.
Ante la gravedad de esas declaraciones efectuadas en las Cortes, desde el SISEJ creemos que el Ministro Rafael Catalá debe aclarar a la ciudadanía en qué se basa para usar ese argumento o a qué secretarios judiciales se refiere. Sería muy grave que el Ministro faltase a la verdad en sede parlamentaria y por eso pedimos explicaciones.
Lo cierto es que el Ministerio de Justicia prepara para julio un duro golpe al sistema diseñado por la Ley 20/2011 del Registro Civil, expulsando de la administración pública la gestión del mismo, y atribuyéndosela a oficinas privadas dirigidas por registradores mercantiles.
Desde el SISEJ nos oponemos frontalmente a esta grave iniciativa privatizadora y contraria al servicio público, y anunciamos nuestra plena participación en las movilizaciones que muy pronto el propio Ministro va a conocer de primera mano en defensa de un Registro Civil público y gratuito.
