La conversión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en última instancia jurisdiccional y la exigencia del catalán a los magistrados son las principales reformas que el nuevo Estatut prevé para la justicia, y también las que más han soliviantado al PP y a las asociaciones conservadoras de jueces.
Esa nueva redacción, que supone un avance para el uso de la lengua propia en los tribunales, dado que el Estatut vigente no hace mención alguna a esa cuestión, levantó ampollas en las asociaciones conservadoras de magistrados y motivó las polémicas declaraciones en que el presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, comparó el conocimiento del catalán con el de las sevillanas.
Las nuevas competencias de que se investirá el TSJC permitirán, en teoría, reducir las demoras que actualmente arrastra el Tribunal Supremo para dictar sentencia firme, y convertirán a su presidente en el representante del poder judicial en Cataluña.
La cabeza visible del poder judicial catalán será, además, la que presida el Consejo de Justicia de Cataluña, nuevo órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, sin embargo, conservará buena parte de sus competencias.
Con el nuevo Estatut, se multiplicarán además las competencias de la Generalitat, de manera que los funcionarios de la administración de justicia pasarán a depender del gobierno autonómico, que podrá participar en la convocatoria de oposiciones y establecer los requisitos básicos para el acceso, entre ellos la acreditación del conocimiento del catalán.
Con esa nueva potestad, la Generalitat espera reducir la bolsa de 1.500 interinos que desde hace años trabajan sin plaza fija en la administración de justicia en Cataluña, porque el Ministerio no convoca oposiciones, y mejorar en general el servicio que se presta a los ciudadanos.
Otra de las grandes novedades que incorpora el nuevo Estatut es la implantación de la justicia de proximidad, tribunales que deberán dirimir en los conflictos de convivencia y civismo, lo que asegurará una mayor rapidez en la resolución de ese tipo de disputas menores y contribuirá a descongestionar los juzgados ordinarios.
Esa innovación no ha escapado de las críticas de algunos sectores de magistrados, que temen que podría desprofesionalizar la justicia porque la impartirían jueces designados, carentes de la preparación jurídica que tienen los de carrera.
| Terra Actualidad – EFE |
