Como era previsible, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso que presentó la Abogacía del Estado contra la anulación del nombramiento de la Secretaria de Gobierno del TSJ de Canarias.
Recordemos que el Ministerio de Justicia dirigido por Rafael Catalá nombró a la Secretaria de Gobierno del TSJ de Canarias vulnerando claramente el requisito mínimo de antigüedad en la categoría exigido por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Este nombramiento a dedo fue un verdadero escándalo que saltó a la prensa, y que en su día denunciamos desde el SISEJ, valorándolo como representativo de toda una etapa de desvergüenza y apropiación personalista de las instituciones instalada en el Ministerio de Justicia en los últimos años.
Para mayor sorpresa, el nombramiento declarado ilegal se realizó a propuesta del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, quien anteriormente había ocupado el cargo de Secretario Coordinador de Tenerife; fue valorado positivamente por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y contó con el informe favorable de la mayoría del Consejo del Secretariado, con la única excepción del vocal elegido por la Plataforma Conjunta de Letrados, nuestro compañero Juan Ávila. Igualmente debemos recordar que ésta ha sido la única vez en la historia del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia que el requisito de antigüedad ha sido valorado de la manera que se hizo para permitir este nombramiento.
Incluso desde el Ministerio saliente, al igual que en otras ocasiones, se intentó construir a posteriori una argumentación “a medida” para “vender” ante el Cuerpo de Letrados que el nombramiento en realidad “era bueno” y que respondía a una “interpretación” sorpresiva y original que –algún día- reportaría ventajas estatutarias para el resto de compañeros en relación con el régimen de consolidación de categorías.
Pero no solo eso: con la finalidad de consolidar el nombramiento irregular, ante la sorpresa de los diferentes grupos parlamentarios, se incluyó con urgencia para su tramitación en el Congreso de los Diputados con la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre permisos de la carrera judicial, sin tener nada que ver con ello, una enmienda que eliminaba el requisito de antigüedad para ocupar el cargo anulado.
La justicia ordinaria ha mostrado que era simplemente un nombramiento que incumplía requisitos legales básicos.
Pese a que respecto a la nueva resolución de la Audiencia Nacional aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el Ministerio de Justicia debe hacer un una reflexión de gobierno y acatar la sentencia con todas sus consecuencias. No tiene sentido que la Abogacía del Estado siga planteando esta batalla legal, ni que el puesto de la Secretaría de Gobierno del TSJ de Canarias siga en cuestión, sino que debe ser renovado y cubierto con otra persona que como mínimo cumpla con los requisitos legales vigentes, cesando de inmediato a la persona designada irregularmente.
En definitiva, el nuevo Ministerio de Justicia tiene por delante una difícil labor de regeneración democrática, de revisar las prácticas y nombramientos del anterior ejecutivo, de auditar la situación del Ministerio y de gobernar para todos recuperando la confianza en las instituciones.
