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El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido nombrar al ex fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, nuevo ministro de Justicia, en sustitución de Juan Fernando López Aguilar, que según fuentes consultadas cesará en su cargo en el consejo de ministros del próximo viernes, 9 de febrero. El presidente llegó a la conclusión, según esas fuentes, de que era necesario "dar un mensaje de autoridad" con el nombramiento de una personalidad procedente del ámbito judicial.
Las fuentes aseguran que el presidente del Gobierno venía sopesando desde hace varios meses el nombre de la persona que sustituirá a Juan Fernando López Aguilar. En un principio, se inclinaba por un "nombramiento de continuidad". Esto suponía elegir para el cargo a una persona del equipo de López Aguilar en Justicia. Al mismo tiempo, el presidente quería a una mujer para esa posición. Quien reunía ambas condiciones era Pilar Blanco, directora general de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia. El presidente coqueteó con el nombramiento de Blanco durante varios meses.
Con todo, el hecho de que la Justicia se ha ido convirtiendo de manera sangrante en uno de los principales campos de batalla políticos, sobre todo en relación con el llamado proceso de paz, llevó al presidente del Gobierno, antes del atentado de ETA el pasado 30-D, a cambiar de opinión. Renunció, pues, a ambas cosas: a mantener la continuidad y a designar una mujer. Tanto las sugerencias del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, como las del Fiscal General del Estado, Candido Conde-Pumpido, apuntaban a una personalidad del mundo de la justicia, una personalidad fuerte, según las fuentes consultadas.
Esta idea se basaba en la necesidad de cubrir el vacío creado por la prematura marcha, de facto, de López Aguilar. Aunque éste dejará de ser ministro de Justicia el viernes próximo, lo cierto es que su papel en el proceso de paz ha sido, para decir lo menos, muy discreto. El presidente, pues, renunció a ambas cosas: a mantener la continuidad y a que una mujer fuese la sustuta de López Aguilar.
El presidente de Gobierno analizó diferentes candidatos. Uno de ellos, hace ya seis meses, fue el fiscal General del Estado, Conde-Pumpido, quien manifestó su deseo de permanecer como fiscal general, habida cuenta de su intención de retomar su actividad como magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, actividad que de pasar a ocupar una cartera ministerial hubiera exigido su renuncia a ella. Finalmente, Rodríguez Zapatero se inclinó hace pocos días por nombrar a Marianio Fernández Bermejo, que actualmente es fiscal de la Sala de lo Contencioso en el Tribunal Supremo.
Fernández Bermejo fue apartado de la Fiscalía de Madrid, donde desarrolló una actividad durante largos años, como parte de un plan de depuración de fiscales diseñado en 2003 por el entonces ministro de Justicia del partido Popular, José María Michavila, y el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. Ambos ejecutaron con precisión el objetivo de desembarazarse de aquellos fiscales jefes que consideraban opositores a la linea política oficial. Los dos principales representantes de esa oposición, a ojos de Michavila-Cardenal, eran Fernández Bermejo en Madrid y el fiscal jefe de la Fiscaía Anticorrupción, Carlos Jiménez-Villarejo. Ambos, pues, fueron expulsados de sus cargos.
El fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, propuso en junio de 2004, el nombre de Mariano Fernández Bermejo para el cargo de fiscal de sala, el máximo puesto del escalafón, de la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.
