En el texto de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por el Congreso, se introdujo a última hora una enmienda en el Senado para que los puestos de trabajo de Secretarios Judiciales del Tribunal Supremo sean todos de libre designación, dejando de estar sujetos a los criterios objetivos de acceso por concurso de traslado según el orden del escalafón, como para los demás puestos de trabajo ordinarios, sin que se prevea ninguna valoración de méritos o capacidades u otra medida que haga transparente el mecanismo de selección.
Por parte del Ministerio de Justicia no se ha ofrecido ninguna explicación de por qué motivo se ha impulsado esta enmienda y cuál es su justificación.
La elección “a dedo” de todos los puestos de trabajo en el Tribunal Supremo no se justifica ni por la naturaleza del órgano, ni por las funciones del Secretario Judicial en el mismo. Tampoco se justifica por las necesidades del servicio público. Desde hace tiempo venimos denunciando que la supresión de criterios objetivos de selección y provisión de puestos de trabajo tiende a perjudicar la neutralidad e imporcialidad de la función pública a que nos debemos.
Desde el SISEJ consideramos que esta medida constituye un verdadero escándalo. Tememos que exista una voluntad de eliminar los «obstáculos» del régimen legal ordinario de traslados, sustituciones y comisiones de servicio para consolidar una especie de “casta corporativa”, o bien para poder atender peticiones o propuestas de simple «colocación” en determinados puestos de trabajo del Tribunal Supremo.
Para el SISEJ, el legislador actual no sólo ha dejado pasar una oportunidad para reformar la organización del Tribunal Supremo, que sigue trabajando igual que hace muchas décadas, sino que ha dado un paso atrás sin precedentes en objetividad y transparencia.
Esta no ha sido la única modificación de última hora del proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como el SISEJ ha venido denunciando, dicha reforma, y frente a lo que se nos ha querido presentar, constituye un conjunto de parches, concesiones corporativas y retoques cosméticos que no avanza en la necesaria reforma estructural de la Administración de Justicia, ni mucho menos en la configuración directiva del Cuerpo de Secretarios Judiciales, cuyas deficiencias tradicionales se mantienen.
Referencias de prensa: Diario El País, Agencia Europa Press.
