La sucesión de acontecimientos que han llevado a la extensión de las personas contagiadas por el COVID-19 (coronavirus) en todo el territorio español y la necesidad de la urgente adopción de medidas que permitan contener aún más la propagación del virus obligan a la extender esas medidas al ámbito de la Administración de Justicia, con el fin de garantizar la prestación de este servicio público sin quebranto para la integridad de la seguridad y salud de trabajadores y usuarios.
Entendemos, por ello, que en este momento lo oportuno sería la inmediata declaración de inhabilidad de las actuaciones procesales por el período que se juzgue necesario (quince días, podrían ser suficientes, siempre a criterio de las autoridades sanitarias) manteniendo exclusivamente los servicios básicos para las actuaciones urgentes, es decir, aquellas para las que la ley establece que son hábiles todos los días y horas del año. Con esta medida quedarían de inmediato suspendidos todos los señalamientos e interrumpidos todos los plazos, que se retomarían con la vuelta a la normalidad. Ni que decir tiene que con todo ello, las sedes judiciales quedarían cerradas al público y ciudadanía, salvo para los casos indicados.
13 de marzo de 2020
Comisión Ejecutiva SISEJ
@sisej
