Comunicado ante el cese de Rafael Catalá y su equipo al frente del Ministerio de Justicia
Desde el SISEJ valoramos como una excelente y esperanzadora noticia el cese de Rafael Catalá y de su equipo al frente del Ministro de Justicia, a consecuencia de la moción de censura que el pasado viernes permitió la renovación del Gobierno.
Finaliza así una etapa caracterizada por la parálisis en la modernización de la administración de justicia y por la inexistencia de un poder ejecutivo que cumpliera sus funciones constitucionales como tal en nuestro sector, es decir, por la renuncia a la gestión.
Cuando se produjo el nombramiento de Rafael Catalá al frente de la cartera de Justicia, desde el SISEJ lo recibimos de modo positivo, con la esperanza de que mejoraría la gestión del gabinete de Ruiz-Gallardón, algo que no ocurrió sino que, por el contrario, empeoró en aspectos que hasta entonces habían sido respetados.
Así, el Ministro Catalá se rodeó de un equipo que, además de realizar un pésimo asesoramiento político y técnico, trabajó por convertir el Ministerio de Justicia en una organización al servicio de intereses ajenos a los intereses generales o a la mejora del servicio público.
La opacidad en los nombramientos de cargos, la falta de transparencia y publicidad en las actuaciones ministeriales, el sectarismo y los malos modos han sido las señas de identidad del Ministerio de Justicia en estos casi cuatro años.
A ello hemos de añadir la práctica sistemática del premio a la complicidad y la intolerancia a la crítica, que llevó al equipo de Rafael Catalá a vetar a una organización legalmente constituida, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia, de todas las reuniones e interlocución profesional con el Ministerio, algo que no había ocurrido jamás en nuestro sector. En este sentido, y sin perjuicio de las acciones que hemos puesto en marcha, nuestra primera petición al nuevo Ministerio de Justicia será la restitución de la normalidad democrática.
Desde el SISEJ solicitaremos al nuevo gabinete de Justicia, desde la lealtad institucional y el compromiso con la mejora del servicio público, que retome aquellos proyectos que este Ministerio, por falta de voluntad o simple incapacidad, ha paralizado durante su mandato: la reforma del registro civil, la implantación de un nuevo modelo de oficina judicial y de los tribunales de instancia, la gestión adecuada de la modernización tecnológica, y el impulso de aquellas iniciativas legislativas que, en la medida en que sea posible en el escenario parlamentario actual, completen la modernización organizativa de la administración de justicia.
En este sentido, el nuevo Gobierno debe apostar decididamente y a todos los niveles por los medios alternativos de resolución de conflictos, al tiempo que debe poner fin a ejemplos desastrosos de falta de gestión, como es el caso de los llamados juzgados especializados en cláusulas suelo, o a la simple voluntad de lobismo privatizador como ha ocurrido con la ejecución de sentencias y resoluciones judiciales, un campo en el que se ha intentado atribuir competencias públicas a profesionales privados.
En todo caso, somos conscientes de que en los primeros tiempos de la nueva legislatura el nuevo Ministerio de Justicia deberá invertir una parte de sus esfuerzos en revertir retrocesos democráticos experimentados en los últimos años: en nuestro sector podemos citar el descontrol legal en la política de nombramientos y en la cobertura de puestos en comisiones de servicio y sustituciones, la recuperación del diálogo social actualmente roto y la urgencia de planificar el futuro del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en la sociedad tecnológica, un cuerpo superior del estado que sigue desaprovechado en una justicia que necesita incrementar su capacidad de resolución y de generar servicio público de calidad a la ciudadanía.
