A pocas horas de la finalización de la campaña electoral desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (SISEJ) queremos manifestar nuestra preocupación y profundo malestar por el tratamiento que por parte de los principales partidos políticos se está realizando de la Administración de Justicia, las políticas públicas así como en materia de política criminal.
Así constatamos:
1.- La notoria ausencia de políticas públicas en materia de Administración de Justicia en la campaña electoral. Ninguna referencia a la necesidad de transformar una Administración de Justicia anclada en el pasado y cuya modernización está incomprensiblemente paralizada desde el año 2010 por la alarmante inactividad de los Ministerios de Justicia desde aquella fecha.
La ciudadanía acude a los tribunales diariamente para que se atiendan toda clase de conflictos(divorcios, despidos, agresiones de violencia machista, conflictos con la Administración, conflictosmercantiles…), y solamente escuchamos hablar de la justicia para hablar sobre un único procedimiento judicial.
Consideramos que la falta de visibilización de propuestas en materia de políticas públicas en justicia perjudica a la ciudadanía y al conjunto de la economía española.
2.- El uso recurrente al populismo punitivo en la campaña electoral, obviando la finalidad de las penas privativas de libertad prevista en la Constitución Española y propias de un Estado democrático de Derecho: la reinserción social.
Asistimos incrédulos por una parte al uso recurrente al Código Penal como reclamo electoral por parte de opciones políticas que en el pasado lo habían rechazado, y por otra al altavoz que ello supone para aquellas opciones políticas que tradicionalmente han defendido y aplicado del aumento de los delitos y las penas como su política criminal.
Consideramos que el derecho penal es y debe ser en una sociedad avanzada el último recurso, y en materia de política criminal se debe apostar en unos casos por las políticas sociales y policiales para prevenir el delito, promover en su caso la atención y restauración a la víctima de los delitos (a menudo obviada por los poderes públicos), especialmente las víctimas más vulnerables, y tratar de promover la reinserción de los agresores. En otros casos consideramos que el debate y el diálogo político y social deberían priorizarse a una nueva reforma del Código Penal, pues resulta evidente por razones históricas, que constituye un fracaso colectivo.
3.- En relación con el Ministerio Fiscal queremos subrayar lo siguiente: el Ministerio Fiscal es el instrumento con el que cuenta el gobierno e indirectamente las Cortes Generales para realizar su política criminal, y así lo es porque lo establece la Constitución y lo indica el sentido común.
En materia de políticas públicas en justicia se encuentra la política criminal. Así, los Gobiernos y los Grupos Parlamentarios que los sustentan pueden realizar una u otra política criminal de carácter general (persecución del fraude fiscal, delitos medioambientales, corrupción, violencia machista, delitos contra los trabajadores…).
El Gobierno puede promover la actuación del Ministerio Fiscal a través de la Fiscalía General del Estado para realizar su política criminal refrendada por la ciudadanía en proceso electoral. El Ministerio Fiscal no es ni puede ser independiente porque su función y estructura constitucional no responde a dichos parámetros. Decir otra cosa es una falsedad que confunde a la ciudadanía y favorece un malentendido corporativismo.
El Ministerio Fiscal es autónomo en el ejercicio de su función, y ni el Gobierno ni las Cortes generales pueden incidir sobre su actuación en un caso concreto y determinado. Insistimos: solamente realizar indicaciones de carácter general.
Por eso pedimos respeto por la actuación autónoma de los y las fiscales, pero pedimos rigurosidad respecto a su dependencia jerárquica y a su actuación autónoma, sin confundirla con la independencia judicial que la Constitución reserva exclusivamente a la magistratura.
En definitiva, pedimos a los Grupos Parlamentarios que surjan de las elecciones del próximo día 10 de Noviembre su compromiso con la Administración de Justicia como servicio Público, para retomar su modernización estructural en beneficio de la ciudadanía.
Desde el SISEJ defendemos una justicia que sea tomada como referencia en la Unión Europea por su servicio a la ciudadanía, su imparcialidad y su rigor jurídico. Para ello debe abordarse la profunda transformación estructural abandonada en el año 2009.
Barcelona, 7 de noviembre de 2019
Comisión Ejecutiva del SISEJ
