El 30 de julio se celebró por videoconferencia una nueva reunión con las asociaciones de LAJs convocada por el Ministerio de Justicia y a la que asistió nuestro compañero de la comisión ejecutiva responsable de afiliación y formación, Raúl Asensio. Por parte del Ministerio de Justicia participaron el Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia Borja Vargues, la Directora del Servicio Público de Justicia, Concepción López-Yuste, el Director de la Oficina de Proyectos Francisco Cabo y el Subdirector Adjunto Javier Garrido.
El orden del día giró entorno al nuevo modelo de gobernanza, la creación de la oficina del dato, los proyectos sobre Justicia Digital, la Ley de reforma procesal para la implantación de medidas de justicia digital y sostenible y el plan estratégico Justicia 2030.
Nuestro compañero en su intervención tuvo la oportunidad de exponer las ideas que al respecto de estos temas se habían consensuado el día previo en una reunión de la Comisión Ejecutiva y que sintéticamente son las siguientes:
1. Respecto del nuevo modelo de gobernanza, nos parece todo un avance que se institucionalice la línea de trabajo implantada durante el estado de alarma mediante la que el Ministerio de Justicia ha estado en continua colaboración y coordinación con las CCAA con competencias en materia de Justicia, así como con FGE y CGPJ. Respecto a la relación con este último, consideramos que resulta especialmente relevante reforzar los mecanismos de diálogo y coordinación de forma que muchos de los avances que están proyectados en Justicia Digital no se puedan ver truncados por la renuencia de determinados sectores o por una interpretación decimonónica del principio de inmediación. Resulta preocupante pensar que los esfuerzos que se puedan realizar en determinadas materias, como es la potenciación de la práctica de actuaciones procesales por vía telemática, puedan ser en vano por la falta de voluntad de uso de esta posibilidad. A este respecto, se ha solicitado que tan pronto como la Secretaría General disponga de los datos estadísticos sobre la práctica de actuaciones procesales telemáticas se pongan a nuestra disposición para poder tener un conocimiento de cuál está siendo su grado de empleo.
2. La creación de la Oficina del Dato es un proyecto tremendamente ambicioso y necesario, puesto que la idea que la impulsa (almacenar y explotar datos obtenidos automáticamente desde múltiples fuentes que permitan la elaboración de políticas públicas en materia de Justicia tanto a nivel estatal como autonómico) es fundamental para poder alcanzar una Justicia de calidad y tecnológicamente avanzada. Es, además, una oportunidad de sobrepasar el actual sistema de dispersión en la obtención de datos y, sobre todo, de una estadística judicial que en modo alguno puede cumplir un objetivo de tal calibre. Nos parece importante, eso sí, que se establezcan las garantías necesarias para que toda esa masa ingente de datos que se pretende manejar quede lejos de cualquier posibilidad de mercantilización y se blinde su carácter público. Del mismo modo, entendemos fundamental que se introduzcan parámetros de género en la obtención de estos datos de forma que su explotación permitan diseñar las políticas que puedan combatir y erradicar la lacra social que supone la desigualdad por razón de sexo.
3. En lo relativo a la Justicia digital, desde el Ministerio se está trabajando en impulsar la inmediación digital a través principalmente de cuatro vías (vistas y actuaciones internas telemáticas, atención al ciudadano mediante videoconferencia y la identificación y firma remota efectiva basada en el sistema Cl@ve). Nos parece que los avances que se puedan dar en estos campos indudablemente van a mejorar la calidad del servicio público y que se deben seguir impulsando, especialmente en lo relativo a la creación de las mesas virtuales de atención por videoconferencia, las cuales van ligadas necesariamente a un desarrollo y regulación del teletrabajo. A este respecto, el Secretario General informó que tras el establecimiento de una serie de pautas respecto al mismo, están a la espera de la regulación que del mismo se haga desde el Ministerio de Trabajo para dar el siguiente paso en la materia. También manifestamos nuestras dudas sobre si determinadas actuaciones a las que se faculta al ciudadano podrían entrar en colisión con los requisitos procesales de postulación, por lo que se debería tener presente en la futura reforma de las leyes procesales.
4. Nos hemos ofrecido para participar activamente en el grupo de trabajo para hacer aportaciones a la que será la ley de reforma procesal para la implantación de medidas de justicia digital y sostenible, que podría crearse en septiembre una vez hayan hecho sus aportaciones las CCAA. De los tres grandes ejes sobre los que pivota (agilización, transformación digital y ADR), son estos últimos, los medios alternativos de solución de conflictos los que más protagonismo tuvieron en este punto del orden del día, no en vano desde SISEJ consideramos vital no sólo que se proceda a una regulación completa y sistemática de los mismos garantizando el sistema multipuertas en el orden civil, sino que se debe blindar el carácter público del sistema como garante de calidad del mismo y que se contemple la posibilidad de creación de un cuerpo público de mediadores. Asimismo, consideramos que se debe aprovechar el impulso para extender los ADR al resto de jurisdicciones.
5. En cuanto al plan Justicia 2030, desde SISEJ seguimos viendo que el mismo puede, con el debido impulso, ser un hito en la Justicia de este país y lograr de forma definitiva librarla del lastre decimonónico (y hasta medieval) que arrastra. Por concepto, ideas, metodología y proyectos incluidos es necesario poner en valor su ambición, pero somos plenamente conscientes de que la reforma que plantea es de tal calado que el esfuerzo y medios necesarios para llevar adelante serán ingentes y que se va a enfrentar con innumerables obstáculos que si bien no son insalvables, para ser sorteados requerirán del debido acompañamiento a todos los operadores jurídicos en la gestión del cambio, así como garantizar su adecuada formación en nuevas tecnologías. Puesto que el Plan está integrado por múltiples proyectos, se ha reclamado por parte de nuestra organización que se nos dé participación en las decisiones sobre priorización de los mismos.
Resulta de destacar por último que la Directora del Servicio Público de Justicia pusiese de manifiesto que los planes de choque aprobados no están recibiendo el respaldo que estaba previsto por parte de los LAJs y que afirmase con gravedad que ello podría frustrar por completo los objetivos perseguidos en los mismos y supondría un gran fracaso. El Secretario General manifestó la posibilidad de adaptar y modular algunas cuestiones del plan, que es dinámico y solicitó la participación de las asociaciones para poder determinar cuáles son las causas de que haya tan pocos Letrados que hayan solicitado participar en las medidas de refuerzo. Desde SISEJ entendemos que quizás el motivo de esta escasa participación haya podido ser la combinación de falta de difusión con una apariencia de especial dificultad de cumplir los objetivos que se marcan. Asimismo, creemos que el fracaso del plan de choque supondría no sólo un duro golpe para los órganos que se enumeran, sino principalmente para todos aquellos ciudadanos a la espera de que la Justicia responda a su solicitud de tutela, en gran parte trabajadores que se verían nuevamente golpeados de forma injusta por la pandemia.
Comisión ejecutiva del SISEJ
31 de julio de 2020
