Tras la reunión mantenida el pasado jueves 13 de enero por el nuevo Secretario de Estado Antonio Julián Rodríguez con el conjunto de representantes de las organizaciones de LAJ, SISEJ reclama del actual equipo ministerial compromisos serios y efectivos de cara a poder alcanzar una solución negociada al conflicto planteado y que ha llevado a UPSJ a convocar huelga para el próximo día 26 de enero. Asimismo, nuestra organización entiende que en los escasos días en que tanto Rodríguez como Olmedo, nuevo Secretario General, llevan en sus puestos han dado una serie de pasos que ponen de manifiesto la predisposición a mejorar las condiciones del Cuerpo. Pese a que los términos finales del acuerdo de adecuación salarial no fueron los más satisfactorios y menos tras las modulaciones exigidas por el Ministerio de Hacienda, desde un principio mantuvimos una línea clara: se había de acoger con la exigida responsabilidad social y como un punto de partida que no obstase a mejoras económicas en otros ámbitos que viniesen a conformar un sistema retributivo más justo. El actual Secretario de Estado afirmó la posibilidad de mejora en determinadas cuestiones y se refirió concretamente a a la primera de ellas en las que están trabajando: la del aumento de las percepciones por entradas y registros simultáneas, sin perjuicio de abrir la puerta a otras futuras. Asimismo, se garantizó que los LAJs encargados del Registro Civil cobrarán conforme a lo que venían percibiendo los anteriores Encargados.
Pese a que las líneas rojas trazadas por el actual equipo son claras (imposibilidad de que el cuerpo de LAJs obtenga el derecho a la negociación colectiva propia y un nivel retributivo similar al Cuerpo de Fiscales), entendemos que hay espacio para la negociación y entendimiento que suponga una alternativa a la medida de huelga planteada. Es necesario retomar cuanto antes un debate constructivo y con compromisos claros al respecto.
Nos pedía el Secretario General en unas recientes declaraciones tiempo, trabajo, compromiso y lealtad. De los tres últimos ha tenido el Ministerio sobradas muestras durante muchos años, que sin embargo no se han visto reconocidas. Estamos cargados de legitimidad para exigir lo mismo que se nos pide, y el descontento existente en el Cuerpo viene provocado por la sensación de abandono por parte de aquellos que, sin dejar de repetir la importancia que tiene, no lo cuidan en consecuencia.
El papel que el LAJ está llamado a cumplir en las futuras leyes de eficiencia es fundamental. De nuestra labor mediadora y nuestras facultades directivas y resolutivas dependerá en buena medida el grado de resiliencia que el servicio público de Justicia demuestre ante el nuevo contexto socioeconómico que ha traído la pandemia. El Ministerio no puede desconocer esta circunstancia. Todo lo contrario: debe sentar cuanto antes las bases para que, desde la lealtad y el respeto a la labor de los funcionarios públicos de ellos dependientes, se pueda alcanzar por fin una auténtica Justicia moderna y avanzada al servicio del ciudadano.
